La Fiscalía de El Salvador allanó el lunes 22 de noviembre la sedes de al menos siete organizaciones no gubernamentales (ONG) en una supuesta investigación por corrupción. Defensores de derechos humanos lo catalogaron como «persecución política»
La acción judicial se da en momentos donde organismos internacionales han advertido del «hostigamiento» a voces críticas en el país centroamericano mediante una ley de agentes extranjeros, comparada con la de Nicaragua, pública efe.
La investigación que dio pie a estos allanamientos se dio a petición de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, que también investiga administrativamente la asignación de recursos en legislaturas anteriores.
Supuestas causas
De acuerdo con el Ministerio Público, los delitos investigados son peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios.
El jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Emilio Hidalgo, dijo a periodistas que entre las irregularidades que investigan se encuentran las «solicitudes de fondos sin detalles» mediante «conductos no oficiales».
Agregó que supuestamente existen «convenios de cooperación» con «objetivos imprecisos, genéricos y hasta cierto punto repetitivos» y que «algunos de los miembros (de las ONG) podrían llegar a ser empleados de la Asamblea Legislativa».
También añadió que los balances financieros se presentaron de forma tardía.
«Se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado salvadoreño», indicó Hidalgo.
Las asociaciones allanadas por la Fiscalía son:
- Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes
- Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES),
- Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD),
- Fundación Salvadoreña de Apoyo para Víctimas y Afectados por las Pandillas “Una Mano Amiga” (dos inmuebles)
- Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA,
- Asociación de Mujeres Tecleñas,
- Fundación Ambientalista de Santa Ana “FUNDASAN”
Entre las organizaciones allanadas se encuentra la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas «Una Mano Amiga» y el Movimiento de Mujeres «Mélida Anaya Montes».
«Nuestro único delito es defender los derechos humanos de las mujeres», publicó en redes sociales la organización las Mélidas, que tiene 29 años trabajando en proyectos para mujeres.
Otras iniciativas feministas se pronunciaron y señalaron que «en El Salvador ha iniciado la persecución política incluyendo a las organizaciones feministas».
Los montos
La Fiscalía General de la República publicó en su cuenta de Twitter los montos investigados a cada ONG.
- En el caso de la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas «Una Mano Amiga» investigan $2,130,000.
- En Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES) investigan $2,022,245.
- La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes el monto investigado es por $518,890.
- Mientras que la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA recibió $260,000.
Llamado a la comunidad internacional
Recientemente Amnistía Internacional señaló que la previsible aprobación de una ley de agentes extranjeros en el Congreso, de mayoría oficialista, reforzaría el «hostigamiento y estigmatización» a organizaciones humanitarias y a la prensa.
La propuesta, que ha sumado críticas de Human Rights Watch y de relatores de la ONU, fue enviada por el presidente Nayib Bukele pocos días después de señalar a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política».
Se esperaba la aprobación del proyecto de ley el pasado miércoles en la plenaria semanal, sin embargo, no incluyeron la propuesta en la agenda del Congreso.
Tras los allanamientos, diversas ONG han llamado a la comunidad internacional a que se mantenga vigilante de la situación que enfrentan dichas entidades.
El Instituto de Estudios de la Mujer, llamó «urgentemente» a los organismos internacionales a que se pronuncien por lo sucedido y demandó respeto a «la integrar física de las compañeras».
Por su parte, Irene Gómez, de la entidad no gubernamental Cristosal, dijo en declaraciones a medios radiales que «se tendría que interponer una denuncia a nivel internacional por la vulneración de los derechos humanos».
Fuente: Diario el mundo, efe, @FGR_SV
