Rodrigo del Fierro, integrante de la Misión Scalabriniana en Ecuador, expresó que en la frontera de Perú militares de ese país disparan con el objetivo de ahuyentar a migrantes y refugiados venezolanos, entre los que se encuentran niños, para detener su ingreso a esa nación.
Durante su intervención en la reunión virtual organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para tratar la situación de las personas migrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19 en América del Sur, del Fierro indicó que el brote por Coronavirus exacerbó la seguridad de las políticas migratorias.
Resaltó que la militarización como respuesta a la movilidad humana pone en riesgo los derechos de las personas.
“Lo ocurrido en las fronteras de Perú y Ecuador es una muestra de la militarización de las fronteras. En ambas se desplegaron más de 1.200 militares, con el objetivo de impedir el ingreso de migrantes y refugiados venezolanos”, afirmó del Fierro.
Por su parte, Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, indicó que con la la reciente modificación de la ley de fronteras en Chile no hay diferencia entre la migración y la criminalización.
«Hemos podido documentar aumento de las devoluciones en caliente. Expulsiones que violan el debido proceso de las leyes internas de cada país» dijo González.
Según la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile durante 2020 en ese país hubo más de 1.000 expulsiones. «Recientemente el gobierno (de Chile) anunció la compra de 15 aviones cuya única función es la expulsión de migrantes, y se trasmitió en vivo la expulsión de un número mayor de 100 migrantes venezolanos», expresó.
Agregó que las condiciones geográficas precarias incrementan las posibilidades de pérdidas irreparables de vidas.
«En lo que va de año seis personas han fallecido en la frontera Bolivia-Chile, siendo la última víctima una mujer venezolana», informó González.
Julissa Mantilla, comisionada de la CIDH, anunció que se publicará un informe sobre personas venezolanas migrantes y refugiadas en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
