El Gobierno nacional presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) los fundamentos de su apelación contra la decisión que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado Venezuela I.
El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, publicó a través de su cuenta en X el comunicado con la decisión. Allí aseguran que desde el año 2018 Venezuela denunció y demostró que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política.
En el texto publicado se lee que “potencias extranjeras van contra el país sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
También señaló el comunicado que “además durante el curso del denominado examen preliminar que jamás se realizó conforme a los parámetros de derecho internacional y del estatuto de Roma se impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa negándole el acceso a la información sobre los hechos concretos que eran evaluados por la fiscalía de la CPI”.
También destaca el texto que “en esa ocasión, en el recurso de apelación, Venezuela argumentó que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de fecha 27 de junio de 2023 incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del estatuto de Roma y del derecho internacional resultando por tanto contraria a la verdad y la justicia”.
En la publicación, señalan que el Gobierno venezolano continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación.
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