Gobierno calla y oposición condena declaraciones de alto funcionario trinitario

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El sector político identificado con la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, y algunos activistas de derechos humanos, son los que más han hecho públicas sus reacciones luego de que el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, ratificara las deportaciones por su gobierno, mientras ponía en duda si los menores venezolanos eran realmente niños.

También dijo que cualquier ciudadano que ingrese a Trinidad y Tobago de forma ilegal se convierte en “una persona indeseable”.

Por su parte, la diputada al parlamento nacional por Delta Amacuro, Larissa González, cuestionó el silencio que guarda el gobierno de Maduro, sobre el caso de “los 16”.

También informó que el parlamento venezolano designó una comisión que investigará este caso de niños deportados y lo llevará a instancias internacionales.

“El parlamento venezolano alza la voz y exige respeto a los derechos fundamentales de estos 16 menores de edad”, dijo González.

La comunicadora Carla Angola, publicó un mensaje en respuesta a lo afirmado por el Ministro de Seguridad Nacional Stuart Young.

Otras reacciones sobre el caso

El 23 de noviembre, justo al conocerse la expulsión de este grupo de venezolanos con la presencia de 16 menores de edad, la Comisión Interamericana de DD.HH. utilizó su cuenta de Twitter para expresar su preocupación.

A su vez, pedía al gobierno de Trinidad y Tobago, pleno respeto a los derechos humanos y respetar el principio de no devolución.

Hizo especial énfasis en la protección de los niños, niñas y adolescentes y a la consideración de “su interés superior en todas las decisiones que les afecten”.

Una de las reacciones inmediata difundida a través de la red social Twitter al conocerse la expulsión fue la postura asumida por Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores designado por el diputado Juan Guaidó.

Borges envió una comunicación al Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Brown, exigiendo una investigación sobre los hechos y exhortando a que se garantice la protección internacional.