Gobierno de Bukele habría pactado con pandillas salvadoreñas

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El 2 de abril de 2020 una cámara de seguridad del sector 6 de la cárcel de Zacatecoluca registró a Osiris Luna acompañando a una comitiva de personas encapuchadas a los que se les mostró a varios internos recibiendo talleres en el área de comedor de ese sector. Posteriormente los encapuchados se reunieron a puerta cerrada con líderes del Barrio 18. Foto: El Faro.

El histórico desplome en las ejecuciones violentas que vive El Salvador se debe a “un pacto secreto” entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas que controlan el país.

Según nuevas pruebas difundidas lunes 23 de agosto por El Faro, se trata de las pandillas Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.

Este periódico publicó audios, fotografías y testimonios que apuntalan los contactos del mandatario con los líderes pandilleros. Esto, presuntamente a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.

Según el diario, antes de su destitución en mayo de este año, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones. Las mismas son consideradas terroristas por la legislación salvadoreña.

En esa investigación se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz por la precipitada e ilegal salida del cargo de Melara y su equipo.

Aquel grupo de fiscales bautizó el caso como “Catedral”. Se incautaron documentos oficiales de Centros Penales después de que El Faro publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS-13.

Un año de negociaciones

El 7 de septiembre de 2020, cuatro días después de la publicación de este medio, la Fiscalía registró varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales.

Fruto de esas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más amplia de lo publicado.

No solo incluía a la MS-13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos.

Los investigadores de Catedral descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas. Todo esto, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse.

Los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.

La Fiscalía consiguió también libros de novedades y fotografías de esas visitas. Logró además el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación, del que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla se refiere al disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar.

Peticiones de los pandilleros

Gracias a esos audios conocieron también el pliego de peticiones qu han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo.

  • Pidieron al Gobierno el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos.
  • La persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”.
  • Financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros
  • Visitas de sus familiares en las cárceles
  • Modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.

Reducción de la violencia

La Fiscalía consiguió documentar también algo que el Gobierno se ha empeñado en negar: los miembros de pandillas distintas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca fueron separados el 8 de agosto de 2020.

El Gobierno montó una visita dentro de cárceles para algunos periodistas luego de la publicación de este medio en 2020. Sin embargo, no incluyó Zacatecoluca, donde guardan prisión los principales líderes pandilleros.

Desde su llegada al poder, el presidente Bukele presume una reducción de la violencia a niveles jamás vistos en años recientes.

Las autoridades reportaron “cero homicidios” el pasado 8 de agosto, según la Secretaría de Prensa de Bukele, que lo atribuyó al éxito del plan de control territorial.

La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con sus dos facciones, Los Sureños y Los Revolucionarios, son los dos grandes grupos criminales de El Salvador.

Las autoridades estiman que hay unos 60 mil pandilleros activos que operan en el 94% de los municipios del país. Además, unos 18 mil están encarcelados.

Fuente: El País, El Faro