Desde el año 2018, el Gobierno de Nicaragua acusa a las Organizaciones No Gubernamentales de recibir financiamiento del extranjero para conspirar.
Desde entonces, ya son más de 3.600 organizaciones de la sociedad civil que el Estado cerró. El pasado martes, el Gobierno anuló la personería jurídica a otras 15.
Organizaciones canceladas
La orden de cierre salió desde el Ministerio del Interior que explicó que unas no cumplían con requisitos y otras pidieron voluntariamente su disolución.
Entre las cerradas se encuentran la Asociación Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles de Nicaragua, la Asociación de Ganaderos del Rama, la Asociación de Líneas Aéreas, entre otras de corte cristiano evangélicas.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
¿Por qué el Gobierno de Nicaragua cierra las ONG?
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones.
Los sandinistas también argumentaron que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018, estaban operando.
Cierre del espacio cívico en Nicaragua
En el año 2018, la sociedad civil salió a las calles para protestar contra la reforma al sistema de seguridad social y se extendieron por varios meses producto de la represión de las fuerzas de seguridad.
Desde entonces, la crisis política y social no cesa. Desde 2018 múltiples espacios que ocuparon la sociedad civil y la Iglesia, cerraron sistemáticamente.
Dentro de los más afectados están las instituciones educativas como la Universidad Centroamericana (UCA), que resultó cerrada. También diversos líderes estudiantiles y líderes religiosos terminaron presos o en el extranjero sin boleto de retorno.
El pasado 18 de abril se cumplieron 6 años del llamado estallido social contra Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo.
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