Alberto Fernández, profesor universitario e integrante de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, fue una de las primeras voces que analizó a través de Radio Fe y Alegría Noticias la dinámica que se llevó a cabo en el controversial proceso electoral de este domingo.
Fernández habló más de la jornada que de los resultados conocidos «porque de acuerdo al nuevo rol que nos asignó el CNE como veedores nacionales en principio no podemos emitir ninguna opinión hasta que ellos conozcan nuestro reporte».
Sin embargo, desde la verificación ciudadana, por medio de la iniciativa denominada Guachimán Ciudadano, el activista sí precisó que lograron recopilar información importante en torno a varias incidencias que monitorearon en al menos 500 parroquias en todo el país.
El Guachimán Ciudadano consta de una plataforma tecnológica a través de la cual los ciudadanos, de cualquier parte del territorio nacional, podían reportar alguna novedad sobre el evento electoral.
No forma parte de las tareas de la Red y por tanto no estaba sujeta a la supervisión del CNE pues sus conclusiones no son vinculantes, aunque sí ayudan, con el informe final de la ROE.
Al respecto, Fernández reveló que «la plataforma fue atacada y bloqueada anoche, a pesar de eso pudimos hacer nuestro trabajo y resguardar toda la información que ya está a salvo».
De hecho, agregó que «para alguien el trabajo que estábamos haciendo nosotros era incómodo, pero en este momento (mañana del lunes 7) la estamos rescatando para ofrecérsela al público para que la vea».
Una de las primeras irregularidades que los ciudadanos les ayudaron a verificar este domingo fue el exceso de campaña con recursos del Estado, «intimidación, amenazas a los votantes para que asistieran al proceso».
También recopilaron la implicación en la jornada de una importante cantidad de funcionarios públicos como gobernadores, alcaldes, ministros «y todo eso está documentado con imágenes, videos, donde se demuestra la violación del reglamento de campaña electoral propuesto por el mismo Consejo Nacional Electoral».
El activista prosiguió con el reporte matutino al indicar que llegadas las 10 de la mañana recibieron reportes de «problemas con la constitución de mesas electorales con miembros accidentales y con un número de miembros inferior al que se requiere para este acto».
Los famosos puntos rojos
El segundo balance lo ejecutaron aproximadamente a la 1 de la tarde, en el cual concluyeron que un número superior al 50% de los centros electorales en el país «tenían puntos de control no autorizados de votantes, lo que se conoce como puntos rojos, situados a menos de 200 metros del centro de votación».
Fernández delató que en estos puntos instalados por el oficialismo «se hacía el escaneo del carnet de la patria luego de votar, como medida de intimidación, el manejo de la distribución de las bolsas de comida» y la entrega de otros beneficios.
Confirmó que pasado el mediodía del 6 de diciembre ya manejaban más de 700 informes que reflejaban este tipo de irregularidades en todo el país.
También reportaron que un 20% de los centros de votación tenían propaganda electoral «como afiches y pancartas dentro de los mismos, había presencia de personas identificadas con algún partido político dentro del centro y también lo más notable a esa hora era la ausencia de votantes».
Para el integrante de la ROE «esto era un indicio de la abstención que se estaba registrando en ese momento».
En cuanto al momento del denominado «el remate perfecto» por parte de organizaciones políticas relacionadas al oficialismo, Fernández señaló que «esas llamadas de funcionarios fueron registradas desde las 2 de la tarde, para ese momento ya había una especie de situación de alarma y había que aumentarse la participación».
Adelantó que de varios sitios «tenemos imágenes, videos, y en algunos casos audios, de personas que estaban preparando toda una logística, llamada remate, arrastre, movilización, para aumentar el número de votantes».
Denunció, en nombre del Guachimán Ciudadano, que desde «estos llamados desesperados a votar, hay imágenes en las que se observan que entraban a edificios y buscaban en los apartamentos a la gente para que salieran, obligadas, a votar».
A la inversa de 2015
En relación a los niveles de abstención y participación para estos comicios legislativos, apuntó que se generó una situación inversa a la que se presentó en las elecciones de 2015 «y eso dice mucho».
Hace cinco años el nivel de participación fue del 74% y la abstención rondó el 26%. En esta oportunidad los números oficiales reflejan un 31% de votación y 69% de abstención.
Fernández cree que «tal vez esos datos y esas evidencias llevaron a que trataron de desaparecer la información que nosotros estábamos manejando».
Recomendó que, además de blindar este trabajo de verificación ciudadana, se llevaran las denuncias de anormalidades a organizaciones nacionales e internacionales como Transparencia Venezuela y otras similares.
Igualmente aconsejó acudir al propio CNE a consignar estos informes «porque en principio la Constitución así lo plantea, así como a instancias de derechos humanos, porque esto es una violación de derechos humanos, no se dejó ejercer el derecho a votar con transparencia y en libertad».
