La Guajira se convirtió en zona roja

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Foto: Archivo.

Los buenos recuerdos quedan grabados en la memoria de quienes los viven. Por años y por generaciones, vivir en frontera ha sido una ventaja para los residentes de esta zona de la Guajira.

En una  frontera tan movida, donde existen diferentes culturas, modos de vida y de trabajo, las mañanas se convertían en esos ruidos de los carros  por puesto, camionetas y gandolas que cruzaban el paso. Esto anunciaba el comienzo de una larga jornada laboral. El bullicio de los vendedores sacudiendo sus tarantines, dando luz verde a un día más de trabajo. El comercio fluía con sus mil dificultades, la seguridad era parte de la estrategia de quienes viven y hacen vida en esta línea colombo -venezolana.

Hoy en día, el panorama cotidiano cambió de manera radical. Vivir en frontera se convirtió en una pesadilla  para los lugareños, mientras que para los foráneos es todo un riesgo. La inseguridad  se ha convertido en un fenómeno indetenible.

La situación ha causado miedo e incertidumbre en la región, pues los pobladores han vivido en carne propia la situación de violencia que ha perjudicado la vida cotidiana de sus habitantes, donde sectores como Guarero y Paraguachón son señalados como “zona roja” por los mismos habitantes  y viajeros que cruzan la frontera.

Desde hace un año, los residentes del sector comenzaron a percatarse de que en sus comunidades se instaló un grupo de hombres armados, siendo ellos los nuevos residentes de estas comunidades indígenas, dándose a conocer como “ZONA”, quienes se apoderaron del territorio para delinquir y extorsionar.

Este grupo ilegal está integrado en su mayoría por alijunas (una persona no indígena) provenientes de distintos municipio del estado Zulia u otros estados del país que empezaron a captar a jóvenes wayuu, sembrando miedo en las comunidades, dejando una huella imborrable en muchas familias por las muertes que causaron.

Estos hombres armados comenzaron a eliminar a todos aquellos que se dedicaban a trabajar de manera ilegal con el contrabando, tanto de combustible como de otros productos que son llevados al vecino país, para ellos apoderarse de esos negocios. Empezaron a registrarse muertes violentas e incalculables, pero  ni un cuerpo de seguridad instalado en el municipio Guajira lleva las estadísticas.

“Ahorita no tenemos quien nos proteja. Delante de mí se llevaron un muchacho que en ese momento desayunaba con su esposa y sus hijos en el puesto de parrillera de Guarero. De pronto, llegó un (vehículo) Malibú y se bajaron dos hombres, llevaba la cara cubierta con una tela negra, encañonaron al señor delante de sus hijos, se lo llevaron ante los ojos de los funcionario de la GNB. En medio del desespero, la señora corrió a pedir ayuda pero los guardias sólo le dijo que resolviera su problema”, relata un testigo.

Esta persona señala además que en minutos se pudo escuchar la ráfaga de balas detrás de una escuela llamada Yanama. “Todos quedamos en silencio, al rato pasó el cuerpo sin vida de aquel hombre que se negó subir en el carro”, agrega.

En el municipio Guajira está vetado hablar de aquellos hombre armados que llegaron hace más de un año. Quien lo hace, simplemente es “eliminado”. Son las reglas y las condiciones que han dado estos hombres al momento de entrar y apoderarse de las comunidades.

Guarero es geográficamente una zona poblada donde existen empresas aduaneras. Es rentable en el trabajo formal desde hace 3 años. Es conocido por ser un pueblo sano según sus habitantes.

“Hoy en día este pequeño pueblo donde sembrábamos, se ha teñido de rojo por las muertes de jóvenes que trajeron desgracias a las familia. A mis 68 años nunca había visto tanta muerte todo los días. Lo que hay en la Guajira es una masacre por territorio ya que muchos dicen que aquí en la frontera hay una mina de dinero. Estoy viejito y temo que acaben con nuestra familia. No vivimos bien en medio de estos mercenarios, como dicen aquí, porque siempre pasan haciendo tiros al aire. Hay temor en todos lados”, dice con lágrimas en los ojos otro testigo al relatar su vivencia en medio de una guerra sin fin. Además dejó claro no tener miedo por perder su vida en caso de que estos grupos vean su testimonio.

La violencia generada por estos grupos armados ha manipulado la vida de los wayuu en su propio espacio. Aquellos que cultivaban o que tienen rebaños están bajo sus órdenes, según señala un joven quien cuenta que “me pidieron uno de mis ovejos, que necesitaban comer. No me pude negar, me dio miedo, porque ellos tienen armas largas. Fue una amenaza. Desde ese momento dejé de salir y a mi mamá le tocaba pastorear”.

Historias como éstas son palpables en el municipio Guajira pero nadie dice nada.

Frontera de miedo

En el año 2015, cuando se decretó el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por el gobierno nacional, la carretera que conduce desde Paraguachón hacia la línea fronteriza se volvió una de las vías más peligrosa. Los habitantes viven atrapados en su propio territorio; los jóvenes que pastoreaban sus ovejas fueron víctimas de acoso y maltratos. Poco a poco, las comunidades se fueron quedando despobladas, el trabajo de cultivo y la cría de animales quedó en el abandono mientras que el temor se apoderó de los jóvenes.

Desplazamiento forzoso de familias wayuu

La presencia de adolescentes en estas comunidades es un blanco para estos grupos delincuenciales que se dedican a captarlos para formar parte de ellos. En caso de negarse, son asesinados.

Al cruzar la frontera hacia el lado colombiano, un joven wayuu de 19 años, quien se negó a dar su nombre, se encuentra ahora del otro lado vendiendo jugos y pasteles.

Él proviene de unas de las comunidades del sector de Paraguachón y cuenta que “han muerto muchos muchachos. En Taparito, allí en Guarero,  en un lugar enmontado me tocó esconderme dentro de un cementerio. Si en ese momento me descubrían, quizás ya estuviera muerto porque había presenciado cómo mataban a un muchacho. Esa escena se repite a diario en mi cabeza”.

La consecuencia más notoria ha sido la migración de familias wayuu a Colombia u otros municipio del estado Zulia para protegerse.

Durante los primero meses del año 2019 desalojaron a más de 9 familias de sus viviendas y de sus tierras, mientras que en otra comunidad llamada Calie, ubica en la parroquia Guajira, una familia fue desalojada en noviembre de 2018, cuando masacraron al esposo y a otro miembro de la familia que en su momento se dedicaban a la venta de combustible en la frontera. Esta familia ahora reside fuera del país.

El desalojo de manera arbitraria ha venido ocurriendo en lo que va de este 2019. Otras 4 familias en otros sectores adyacentes al poblado de Guarero fueron desalojadas a tiros durante una noche. Les dieron 24 horas para salir de sus residencias.

Esta familias obedecieron y se instalaron en otro sector cerca de Guarero, pero a los días fueron objetos de amenazas, por lo que decidieron irse por completo.

Mientras que el mes de abril de 2019, otras 7 familias wayuu fueron desalojadas por hombres armados, quienes llegaron a sus residencias en horas de la noche. Nueve (09) niños y diez (10) adultos fueron los afectados que tuvieron que dividirse y algunos cruzaron la frontera en busca de refugio.

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha contactado a las familias afectadas con el fin de orientarlos y darles algunas orientaciones para enfrentar el desplazamiento interno que se ha visto fuerte en lo que va del año.

El cierre de la frontera provocó anarquía, la complicidad de los cuerpos de seguridad y otros entes gubernamentales que escoden la realidad, siendo estas situaciones los mayores detonantes de la violencia que viven y enfrentan las familias Wayuu de la Guajira venezolana.