Un colectivo de derechos humanos denunció “graves” violaciones a las garantías y el uso desproporcionado e indiscriminado de las fuerzas de seguridad en el municipio guatemalteco de El Estor.
El país centroamericano, se encuentra bajo estado de sitio desde hace ocho días, por un conflicto minero con Guatemala Niquel Co., filial del grupo inversionista sucizo Solway.
El conflicto comenzó por denuncias de los pescadores por las actividades extractivas, donde afirman, “ya no hay peces como en el pasado” y culpan de la empresa de ello.
Allanamientos a defensores
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) que lideró nuna misión para verificar la situación en ese municipio, la policía lanzó gases lacrimógenos que afectaron a los niños, mujeres y ancianos.
Existe presencia de vehículos sin placas, supuestamente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Tambien, durante los 20 días que duró la resistencia de los pobladores se registraron “graves violaciones a los derechos humanos”, incluyendo de periodistas.
Las ONG constataron el “permanente hostigamiento de la PNC en las casas de los líderes comunitarios, lo que ha originado en clima de zozobra”.
Durante la visita se documentaron 14 allanamientos a casas de defensores del territorio Q’eqchí, por parte de los agentes de la PNC y del Ministerio Público.
“Son tratos degradantes, crueles e inhumanos”, en uno de los allanamientos la Policía “cometió abusos físicos, psicológicos y denigrantes” ante una niña que se estaba sola en una vivienda, afirmaron.
El colectivo exige al gobierno del presidente Alejandro Giammattei suspender el estado de sitio decretado por un periodo de 30 días y que garantice la integridad física de todos los defensores.
Por último, piden una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que se haga una invitación oficial a la Relatoría para Defensores de los Derechos Humanos a que visite el municipio.
Fuente: EFE
