Miles de haitianos han manifestado en los últimos días en las calles de Puerto Príncipe contra el vertiginoso aumento de los secuestros, la violencia en sentido general y la presunta dictadura que el presidente Jovenel Moise quiere instaurar en el país.
Una de las ultimas protestas fue convocada por el personal sanitario tras el asesinato de un médico y una enfermera en los últimos días.
Durante el mandato presidencial de Moïse ha ocurrido lo insólito. Se ha llegado a crear una federación de bandas llamada G-9, reconocida por el Gobierno como “interlocutora” en un supuesto proceso de desarme. La dirige Jimmy Cherizier, alias Barbecue , un expolicía que fue expulsado del cuerpo tras la matanza de La Saline, en noviembre del 2018.
La Saline es la barriada de la que salió un día un prometedor Jean Bertrand Aristide para convertirse, años después, en infausto presidente. Todo el mundo sabe que Barbecue está detrás de la muerte de 71 personas, además de otras dos masacres, pero su orden de detención se ha traspapelado. Lo mismo que las pruebas del asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, perdidas en un tribunal.
Moïse, que liquidó el Parlamento con un tuit y gobierna a base de decretos, hizo detener a una veintena de personas a las que acusó de intento de golpe de Estado, entre ellas tres jueces. Otro juez, Joseph Mécène Jean Louis, es ahora un presidente interino de futuro incierto que, según el destacado economista Fritz Jean, tiene como primer deber acercarse a la sociedad civil. “La gente quiere un cambio político, social y económico”.
Alarmantes cifras de secuestros
Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.
La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales en Haití, manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los secuestradores.
No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.
Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.
El muro entre Dominicana y Haití
El presidente dominicano, Luis Abinader, informó el pasado el 27 de febrero que en el segundo semestre de 2021 comenzará la construcción de una verja con Haití, país con el que la República Dominicana comparte una frontera de casi 400 kilómetros.
Abinader señaló que en un plazo de dos años, pondrán fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecen desde hace años y así lograr la protección de su integridad territorial, que llevan buscando desde su independencia.
El anuncio sorprendió a los expertos que esperan del nuevo presidente una política de Dominicana más abierta después de que el gobierno acordara recientemente ayudar a Haití a dar documentos de identidad a los ciudadanos que viven en territorio dominicano.
La construcción de un muro o verja con el país más pobre de la región ha sido una idea recurrente en la política dominicana que ahora parece tomar fuerza con Abinader al frente.
El gobierno estima que unos 500 mil inmigrantes haitianos residen en Dominicana. Pero una gran parte de la comunidad haitiana, que es el 5% de la población del país, no tiene permiso de residencia.
Otros pronunciamientos
Este miércoles 17 de marzo la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) se pronunció sobre la situación de inestabilidad sociopolítica, legal y de justicia de Haití.
Algunos activistas, magistrados, asociaciones, gente corriente, incluso las diferentes iglesias de Haití, consideran a Moïse expresidente.
El comunicado expresa la actual situación de violencia, inseguridad y anarquía generalizada que han convertido al país y sobretodo a su capital Puerto Príncipe en un lugar en el que vivir se está haciendo imposible.
La confederación habla del horror del secuestro extorsivo generalizado es una expresión débil de la realidad a la que este pueblo está siendo sometido por las bandas fuertemente armadas que en este momento controlan en detalle la realidad del país.
La CLAR Hicieron un llamado a las Conferencias Nacionales de Religiosas y Religiosos en el continente y en el caribe, a las congregaciones religiosas que hacen incidencia política en la ONU (JCoR) para que presionen a los gobiernos del continente y del mundo para que cese la indiferencia y la apatía frente a la crisis humanitaria, legal y política por la que atraviesa el pueblo haitiano.
Con información: Vanguardia, BBC ,Prensa libre, AFP
