Defensores de los derechos de las personas con discapacidad de Honduras denuncian que el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 agudizó la pobreza en los sectores más vulnerables.
Cristian Murillo, del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, opinó que las personas con condiciones especiales no son prioridad para el gobierno de Juan Orlando Hernández durante la crisis.
«Hay una improvisación marcada por la incapacidad, por el oportunismo y el amiguismo. Los grupos vulnerables no sólo están en un segundo o tercer plano, sino que estamos siendo utilizados de manera canalla por este gobierno para justificar acciones, para lavar dinero», dijo Murillo.
El activista denunció que muchas de estas personas aún no reciben lo que les corresponde de las 26 millones de lempiras que aprobó la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para la compra de alimentos, equipos de higiene y bioseguridad y medicamentos para las personas con discapacidad.
Según él, sólo dos de las cuarenta organizaciones de atención a discapacitados recibieron los fondos, por su afinidad con el partido de gobierno.
«Pues esos fondos están todavía guardados en alguna gaveta, suponemos que de la Secretaría de Finanzas en el mejor de los casos. Sólo se han hecho desembolsos a dos o tres organizaciones cercanas al régimen de Juan Orlando, que sirven de voceros y avales de lo que el gobierno está haciendo», aseguró.
