La justicia argentina imputó al presidente de ese país, Alberto Fernández, por incumplir su propio decreto de «Necesidad y Urgencia», que impedía reuniones durante la etapa de confinamiento.
En caso de que no ocurra algún acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y las justicia argentina, el Jefe de Estado podría ser encarcelado durante seis meses. En el seno del Tribunal argentino se debate si Fernández debe cumplir o no al tener su investidura como presidente.
El decreto presidencial violado por el mismo Jefe de Estado y su círculo familiar impedía reuniones durante la etapa de confinamiento en Argentina debido a la expansión de la COVID-19.
De acuerdo con la prensa argentina, la reunión «festiva», en la que se celebraba el cumpleaños de su esposa, ocurrió el 14 de julio de 2020 en la quinta de Olivos, como se conoce a la residencia presidencial.
Luego de la fiesta, las imágenes de la celebración se extendieron a través de las redes sociales y terminó por demostrar que Fernández irrespetaba su propio decreto.
La reacción de los argentinos no se hizo esperar por este acto del gobernante en medio de una grave crisis sanitaria que ya acumula más de 10.000 muertos por COVID-19 en Argentina.
Varias fotos filtradas muestran a los asistentes a la fiesta brindando con champán en torno a una mesa con centros de flores y mantel blanco.
Las especulaciones de que la esposa del mandatario, Fabiola Yáñez, de 40 años, estaría embarazada y serían gemelos no logró dejar en un segundo plano un caso que obligó a la justicia a intervenir.
La mano que hizo circular esas fotografías -advierten que podría haber más- no está oficialmente identificada pero resulta evidente que pertenece al propio entorno de la pareja presidencial.
Tan obvio es que la vicepresidenta y viuda de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, se animó en público a instar al ahora imputado a que hiciera limpia en su casa: «No te enojes, -le dijo- poné en orden lo que tengas que poner y metele para adelante».
La Casa Rosada emitió un comunicado la tarde del jueves donde anunciaba que Fernández (vía telemática), «se presentó a la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán».
Alberto Fernández, en un escrito de 36 páginas, se dirigió al juez Sebastián Casanello que lleva la causa, para argumentar que considera que los hechos no pueden ser considerados un delito y le pide que decrete su sobreseimiento.
