De acuerdo con InSight Crime, una organización dedicada al estudio de la seguridad ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, la muerte de una joven de 19 años de edad en un calabozo de la policía en Venezuela, a causa de un disparo, deja al descubierto una serie de abusos sistemáticos por parte de funcionarios policiales, y pone de manifiesto los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres privadas de la libertad.
El 13 de marzo, Daniela Geraldine Figueredo Salazar, murió debido a una herida de bala por arma de fuego con entrada en la región nasal y salida por la región occipital derecha, en la Comisaría Municipal de Zamora en Guatire, ubicada en el estado Miranda. El disparo provino del arma reglamentaria de un funcionario que más tarde fue detenido.
Luego del fallecimiento de Figueredo Salazar, varias de sus compañeras reclusas denunciaron que estaban siendo obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios que hacían guardia en el calabozo, según Una Ventana a la Libertad (UVL).
Los abusos sexuales eran coordinados por Pedro García, un exfuncionario que también está actualmente encarcelado, afirman las mujeres.
“Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con otros funcionarios”, manifestó una de las mujeres a la ONG.
Este no es el primer caso de violencia sexual que se presenta en los centros de detención del país. En 2018, se informó que las mujeres de las cárceles venezolanas estaban siendo obligadas a tener relaciones sexuales con guardias para poder asistir a las audiencias judiciales, detalló InSight Crime.
Además, en 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado como autores de diversas formas de violencia sexual contra las detenidas.
Según dicho informe, varias mujeres testificaron que algunos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban pidiendo favores sexuales a cambio de bienes y privilegios.
