Las periodistas Elizabeth Safar y Johana Pérez Daza, evaluaron con el profesor Humberto Jaimes este aspecto del entorno mediático venezolano durante la segunda entrega de las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, un encuentro en línea producido en alianza por el CIC-UCAB y Medianálisis.
Las telecomunicaciones son reconocidas como un servicio esencial para la sociedad, sin embargo, en Venezuela el internet ha representado todo un reto, a pesar de que estas actividades de servicio e interés público, con rango constitucional, formen parte de un derecho humano de comunicación.
Este fue el tema que abordaron las periodistas Elizabeth Safar y Johana Pérez Daza, durante la segunda entrega de las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, una alianza del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, CIC-UCAB, y la Asociación Civil Medianálisis, con el objetivo de evaluar el entorno mediático en el país.
El evento fue conducido por el también periodista y magíster en Historia de las Américas, profesor e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) de la UCAB, Humberto Jaimes, y transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook de Medianálisis, a las 10 de la mañana de este miércoles 17 de mayo.
La era del interés
“La era del internet es la era del interés”, dijo la periodista y magíster en Relaciones Internacionales, Johana Pérez Daza, al citar al especialista en estética de la fotografía, François Soulages, y aseguró que las imágenes son una forma privilegiada de comunicarnos en una era de sobreabundancia informativa.
Comentó que en internet circulan fotografías o imágenes que incomodan al poder, por ejemplo, la de cadáveres calcinados de los privados de libertad, niños disfrazados con armamentos y hasta una de la entonces Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, sentada en una cama junto a un delincuente de la cárcel de San Antonio.
Sin embargo, hay otros contextos de imágenes que, al hacerse censuradas, generan más interés en el consumidor pasando del papel a la red. “A veces el recorrido es a la inversa y el primer paso viene desde las redes, y de ahí pasan a los medios que les toca profundizar, verificar, contextualizar”, recalcó la también Investigadora del CIC de la UCAB.
Asimismo, comentó que han sido los ciberciudadanos quienes han hecho virarles fotografías de la crisis alimentaria y hospitalaria, a través de imágenes de gran impacto. Otro caso similar fue la recopilación de imágenes y videos, de usuarios, durante las manifestaciones de 2014 en Caracas, que permitió a la entonces unidad de investigación del diario Últimas Noticias, presentar pruebas contundentes sobre la muerte del estudiante Bassil Da Costa.
Según la periodista, “ha sido en la red y gracias a internet que se han conocido acciones de protestas”; explicó que la apropiación de la imagen como fin de acusación, permite que a través de una fotografía se pueda denunciar y dar un rostro a los agraviados.
Resaltó también que Internet puede ser un arma de doble filo, que puede usarse para diversos propósitos, “desde la red también se persigue y se hostiga”. Ante esto señaló que desde cuentas oficiales del Gobierno se han difundido imágenes descontextualizadas y manipuladas, como la publicada por el consulado de Venezuela en Toronto, en el año 2017, mostrando a manifestantes con supuestas armas de fuego.
Ataques a los medios
La periodista Elizabeth Safar, magister scientiarum en Políticas y Planificación de la Comunicación Social en América Latina, docente jubilada e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central de Venezuela, ININCO-UCV, repudió por su parte los vejámenes y persecuciones que han sufrido los medios de comunicación en el país, específicamente, el caso del diario El Nacional.
“La acción dirigida contra el diario El Nacional, utilizando las fuerzas armadas del Estado venezolano, no es una acción aislada de quien ha buscado por vía de los tribunales apropiarse de un bien ajeno”, dijo en este sentido Safar, quien condenó que este tipo de acción debe ser entendida como una operación que tiene la intención de conculcar los derechos a la información y comunicación que tienen todos los ciudadanos.
Además, aprovechó la ocasión para exhortar a todas las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones de investigaciones de las universidades públicas y privadas a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora, “no es momento de claudicar frente al horror, es momento de tener la entereza de seguir investigando y publicando”.
El colapso de una nación
La profesora Elizabeth Safar expresó que hoy en día 40 % de la población no tiene acceso a internet, sin tener posibilidad de comunicarse e informarse; ante ello, manifestó su preocupación puesto que muchos niños y jóvenes no tienen acceso a la educación en este momento.
También aseguró que, en este tiempo, es deber del Estado asegurar calidad en los servicios públicos a todos sus ciudadanos, sin embargo, el sistema de comunicación venezolano adolece de fallas, tal como el sistema eléctrico, el sistema hidrológico.
“El Estado republicano que hemos conocido en las últimas 4 décadas de democracia, está siendo derruido por todas partes”, afirmó Safar, y explicó que se debe principalmente a una hegemonía militar–policial. Estudios e investigaciones periodísticas de instituciones como Espacio Público, IPYS, y centros de investigaciones de las universidades lo han ido reseñado durante los últimos 20 años.
Propuesta para salir de la crisis
En torno a las oportunidades frente a este fenómeno hegemónico, Elizabeth Safar recordó la creación del Comité por una Radio Televisión de Servicio Público, en 1992, dirigido por Antonio Pasquali.
Dijo que con ello se propuso que en Venezuela pueda prestarse un servicio público no gubernamental, a fin de diferenciar la hegemonía estatal gubernamental en el uso de los medios especialmente radio y televisión, y para hacerle frente a una radiotelevisión comercial que no ha respondido frente a las necesidades de la gran mayoría empobrecida de la población venezolana.
Explicó la investigadora del ININCO que la intención es tener “un servicio público no gubernamental, que tiene una autoridad independiente, por encima, y no un CONATEL que está en el poder ejecutivo recibiendo órdenes directas a fines de su organización política”.
A su juicio, se trata de hacer avanzar al país en una idea de autonomía del sector radiotelevisión público, desgubernamentalizado.
