Jacqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), advirtió que la legislación laboral venezolana no ofrece respuestas suficientes para proteger a los trabajadores afectados por el doble terremoto del 24 de junio y sostuvo que, ante esta situación extraordinaria, el Estado debe garantizar apoyo económico a las personas damnificadas.
Durante su participación en Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Richter explicó que el derecho laboral fue diseñado para escenarios de normalidad y que las figuras jurídicas existentes, como la suspensión de la relación de trabajo por causa de fuerza mayor, solo contemplan situaciones temporales.
En esos casos, indicó, el trabajador no está obligado a prestar servicios y el empleador tampoco tiene la obligación de pagar salarios porque ninguna de las partes es responsable de la interrupción de la actividad.
Sin embargo, afirmó que la legislación no prevé qué ocurre cuando miles de personas quedan sin posibilidad de trabajar por una catástrofe natural.
“Nos encontramos frente a un vacío de las obligaciones estatales en torno a la relación de trabajo”, expresó.
Los damnificados requieren apoyo económico
Richter sostuvo que, en una emergencia como la actual, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos afectados, independientemente de la relación laboral que mantengan.
En ese sentido, propuso que el Gobierno otorgue transferencias económicas directas a las personas censadas en refugios para cubrir necesidades básicas más allá de la alimentación.
“El Estado tiene una obligación con su ciudadano que está viviendo una situación de desamparo y de desprotección por un evento natural”, aseguró.
Como referencia, mencionó las ayudas económicas que el Gobierno de Estados Unidos entregó a la población durante la pandemia de Covid-19.
Trabajadores pueden negarse a laborar en espacios inseguros
La especialista recordó que ningún empleador puede exigir a sus trabajadores regresar a instalaciones que representen un riesgo para su seguridad.
Detalló que, aunque el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) debería inspeccionar las condiciones de las empresas, actualmente esas evaluaciones están a cargo de Protección Civil y los cuerpos de bomberos.
Añadió que si una infraestructura recibe una evaluación que determine que no es segura para operar, los trabajadores pueden negarse a prestar servicios por razones de seguridad personal.
Bonificaciones también afectan los ingresos
Richter comentó que muchas empresas continúan pagando el salario a los trabajadores que no pueden asistir a sus puestos debido a la emergencia.
No obstante, advirtió que una parte importante de los ingresos depende de bonificaciones vinculadas a la prestación efectiva del servicio.
“El salario no equivale ni al 10 % del ingreso total de un trabajador, el resto que puede llegar un salario a 300 o 400 son bonos que exigen la prestación de servicio”, señaló.
Finalmente, consideró que una situación de esta magnitud requiere un Estado con capacidad técnica y gerencial para responder a la emergencia y lamentó que la crisis encontrara al país con una débil capacidad institucional para atender a la población afectada.
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