A propósito de conmemorarse este 20 de junio el Día Mundial del Refugiado, la Red Jesuita con Migrantes emitió un comunicado en el cual destacan el aumento significativo de solicitudes de personas que buscan protección internacional y a su vez hacen un llamado a la garantía de la figura del asilo.
A partir del reciente informe Tendencias de ACNUR (2022), la RJM expone que “108,4 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. Las Américas mantienen una tendencia al alza que evidencia la importancia del derecho al asilo en la región: 6 de los 10 países de origen de las nuevas solicitudes de asilo son latinoamericanos”.
En estos datos, la Red realza que los nacidos en Venezuela son los que tienen más solicitudes de asilo con 264 mil. Luego prosiguen los de Cuba (194 mil 700), Nicaragua (165 mil 800), Colombia (90 mil 500), Honduras (79 mil 700) y Haití (73 mil 500). Entre estos países suman el 42 % del total de solicitudes a nivel global.
Por su parte, Estados Unidos, Costa Rica, México y España son los principales receptores de personas que emiten solicitudes de asilo de Latinoamérica. El número de personas que necesitan protección en la región puede ser incluso mayor considerando que no todas las personas pueden solicitarla, que existe un subregistro del desplazamiento forzado interno en varios países, y que son 7,3 millones de personas venezolanas las que necesitan protección internacional, y no 5,4 millones como estima ACNUR, superando las crisis siria y ucraniana.
En las Américas se agudizan las condiciones que obligan a las personas a salir de su hogar
Por otro lado, apunta este comunicado de la RJM que “a la violencia generalizada, la persecución a ciertos perfiles poblacionales y las
violaciones de derechos humanos se suman otras razones para emprender la huida: los conflictos socioambientales y las políticas económicas que despojan a las personas de la posibilidad de vivir con bienestar en sus lugares de origen”.
Le agregan: la falta de garantías para vivir con dignidad es causa de los flujos que vemos en el continente. La combinación
de factores expulsores y las diversas situaciones de desplazamientos forzados han propiciado una zona gris en la que es difícil distinguir entre quienes buscan protección a la luz del derecho internacional y quienes se considera que migran por otras razones. Esta zona gris ha sido instrumentalizada por los Estados para restringir el acceso a la protección y mantener en limbos jurídicos, incluso por años, a las personas que esperan una decisión que les permita el reconocimiento de sus derechos y vivir sin zozobra.
La respuesta de los Estados aumenta la desprotección
En este apartado, la Red Jesuita con Migrantes explica que “a pesar del enfoque de protección de los acuerdos regionales existentes, del Pacto Mundial de Refugio y de algunas leyes nacionales, demasiados Estados en la región siguen optando por la militarización, la contención, las deportaciones, la imposición de trámites administrativos imposibles de cumplir para solicitar refugio y la criminalización de quienes huyen buscando protección. Todas estas acciones, contrarias al derecho internacional de los refugiados, impiden que las personas soliciten y accedan a la protección y, comúnmente, constituyen una violación flagrante al principio de no-devolución”.
Por todo ello, exhortan a los Estados, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las personas Refugiadas, próximos a un segundo Foro Mundial sobre los Refugiados y a un año de la implementación de la Declaración de los Ángeles sobre migración y protección a:
- Fortalecer las capacidades de los sistemas de asilo, incluso a través de la cooperación para permitir el acceso a la protección internacional con garantía del debido proceso, justo y eficiente; desarrollar procedimientos para el reconocimiento de casos individuales y grupales; y capacitar de manera continua al funcionariado que opera el sistema.
- Implementar y refrendar el espíritu de la Declaración de Cartagena abriendo marcos de diálogo sobre las nuevas realidades de movilidad forzada que ameritan protección en la región, como son los desplazamientos por razones climáticas y socioambientales.
- Incorporar en las políticas de respuesta el enfoque interseccional y las recomendaciones de organismos de derechos humanos, en especial aquellas encaminadas a erradicar el racismo, la discriminación y la xenofobia.
- Promover políticas de integración local e inclusión social de las personas solicitantes y refugiadas, dándoles la seguridad jurídica que les permita acceder a derechos y contribuir a la prosperidad de las comunidades receptoras.
Finalmente, hacen un llamado a la comunidad internacional de donantes, a ACNUR y a los países convocantes al Foro Mundial sobre los Refugiados a:
- Realizar una evaluación basada en evidencias de los logros obtenidos hasta el momento y ajustar las metas y compromisos (pledges) a partir de lo que se evidencia en el contexto actual.
- Ir más allá de los compromisos (pledges), reforzando las respuestas integrales con sinergias entre la respuesta humanitaria y de desarrollo como invitan los países coconvocantes al Foro, entre ellos Colombia, ante el incremento de los desplazamientos forzados.
- Garantizar la participación de las personas refugiadas en las decisiones que les afecten, y de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en su atención.
- Promover agendas locales que respondan a las necesidades de las personas solicitantes y refugiadas, facilitando su integración y asegurando que la ejecución de fondos se produzca a través de acciones que las incluyan, así como a las organizaciones que las
acompañan en los territorios.
Finalmente, acogiendo el mensaje del Papa Francisco de la 109ª Jornada Mundial de las personas Migrantes y Refugiadas, para ser “Libres de elegir si migrar o quedarse” se deben abordar las causas que obligan a tantas personas a huir para salvaguardar la vida y garantizar la participación equitativa en el bien común, el respeto de los derechos fundamentales y el acceso al desarrollo humano integral.
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