El padre Eduardo Soto, director del Servicio Jesuita para los Refugiados, capítulo Venezuela, afirma que las fronteras siempre han sido vulnerables a las enfermedades infecciosas.
Y la aparición de la pademia del COVID-19 no es la excepción. Soto describe los riesgos existentes en la frontera con Colombia. Específicamente por los pasos ilegales denominados «trochas» ubicadas principalmente en el fronterizo de Táchira con el Departamento Norte de Santander; Apure con el Departamento de Arauca y al norte del Zulia con la Guajira colombiana.
Pero el jesuita amplía su análisis y agrega que actualmente «hay un paso fuerte por la zona selvática, tanto por la parte de la sierra de Perijá como por la de San Camilo».
Explica que como en Colombia y Brasil han aumentado los contagios, muchos de los migrantes retornados a Venezuela vienen de ciudades donde ha habido más de 500 o mil casos de Covid-19.
Por tanto, existe «un temor de que traigan la enfermedad y eso ha generado el cordón epidemiológico en las fronteras. El Gobierno y los militares tienen ese sistema de protección, de bloquear la frontera -que fue la primera medida que se tomó- y cuando se cierra la frontera se genera también toda una dinámica paralela porque la gente vive de la frontera, vive del ir y venir».
Rechazo que llega con las sospechas
El sacerdote recuenta que cuando en las comunidades fronterizas se maneja la información de que alguno de los retornados es sospechoso de haber sido contagiado se producen estados de rechazo y discriminación.
Pero igualmente le preocupa que en los países receptores esté aumentando la xenofobia a los venezolanos, conocida también como «venefobia». «Este conflicto cultural ha chocado y, lamentablemente, los que están pagando los platos rotos son los venezolanos de menos ingresos que están en esos países, porque los rechazan, no los aceptan, no los consideran educados, pero es un conflicto cultural, porque somos distintos», precisa Soto Parra.
Al asegurar que hay más de 5 millones de venezolanos que se han ido del país en el último quinquenio, refiere que actualmente los países con más complicaciones para los connacionales son Perú, Colombia y Ecuador por cambios repentinos y restrictivos que han incluido en sus políticas de migración.
Situación que se maginifica en gravedad y complejidad porque «ya existía, lamentablemente, una discriminación, una política errática, no ha habido una respuesta autentica, humanitaria, global o regional para los venezolanos».
El director del SJR Venezuela expone que «cada país define en cuanto a sus limitaciones, a sus miedos, a su seguridad y no atendiendo el problema humanitario que es lo que nos preocupa: mujeres, niños, hombres que están en una condición de extrema vulnerabilidad. Esta respuesta fragmentada ahora es mucho más evidente y con el Covid-19 debería haber una respuesta unitaria, porque a todos los países nos está afectando, en distintos niveles».
En ese sentido, propone que la Región diseñe e implemente políticas integrales de atención a los migrantes. Asoma fórmulas como la petición de un préstamo como bloque regional de países latinoamericanos al Fondo Monetario Internacional. Cree que el organismo multilateral no se negará.
¿Cómo ayudan ustedes en el JRS al migrante y con qué recursos cuentan?
“Somos 42 personas, un grupo de profesionales, abogados, psicólogos, psicopedagogos, educadores, politólogos, teólogos, sacerdotes, administradores, que tenemos un trabajo presencial que se basa en un acompañamiento psicosocial en las comunidades. Escuchamos a las personas, conocemos de sus necesidades y tratamos de apoyarlas y ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida y a tomar las decisiones correctas. Siempre planteamos nuestra labor en alianzas con otras organizaciones, fundamentalmente con las de la Compañía de Jesús, en las parroquias, nuestros colegios, Fe y Alegría, IRFA, Cerpe, Centro Gumilla, Huellas. Todo nuestro trabajo se concibe siempre en red. Por ejemplo, con los jóvenes siempre pensamos en Huellas, también privilegiamos las comunidades donde está Fe y Alegría, porque sabemos que ellos ya han hecho el mapeo de las necesidades y nosotros integramos su propuesta como unitaria. También estamos integrados en la Red Clamor, formada por todas las organizaciones de la Iglesia”.
Específicamente, ¿dónde realizan el trabajo?
“Tenemos cuatro oficinas de campo en Maracaibo, Guasdualito, San Cristóbal y en Caracas, donde además está la regional. En la frontera con Brasil no tenemos oficina, precisamente íbamos a Boa Vista con la gente de la UCAB Guayana y el Provincial para ver las posibilidades de articular algo allá, ya que estamos interesados en estar donde más nos necesiten. Aunque no trabajamos aún en la zona sur del país, el Servicio Brasil sí labora en Boa Vista y monitorea la frontera, y esperamos tener una alianza con ellos, similar a la oficina binacional que tenemos en Arauca- Guasdualito con un equipo de 16 personas”.
Con información de Reto PaísVzla