Este miércoles, jubilados y pensionados del Poder Judicial protestaron cerca del edificio Hermes, en la ciudad de Mérida, exigiendo el pago correspondiente a 200 salarios mínimos.
Los protestantes también exigieron la reactivación de pagos de bonos, servicios de salud y medicinas, beneficios que desde hace años no gozan.
María Elena Orcini, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Palacio de Justicia en el estado Mérida, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que entregaron un oficio a la dirección regional administrativa a fin de que sea enviado al Tribunal Supremo de Justicia.
“Exigimos 200 salarios mínimos. Nuestras quincenas no pasan de 35 mil bolívares. Nosotros gozábamos de un bono de medicina y de salud y nos fue quitado despectivamente”, apuntó Orcini, quien catalogó el salario como “de hambre y miseria”.
Explicó que han consignado varios oficios al Tribunal Supremo de Justicia y la dirección ejecutiva de la Magistratura sin recibir respuesta alguna.
Lucha de más de 10 años
Aseguró además que el personal jubilado es ignorado por las autoridades, pues son más de 17 mil trabajadores afectados quienes no gozan de los beneficios que hoy les corresponden por ley.
Pablo Guerrero, jubilado del Poder Judicial y ex presidente de la Asociación, aclaró que, a su juicio, la dirección ejecutiva de la Magistratura destruyó el salario de cada uno de los trabajadores desde el año 2008.
“Desde el año 2008 hemos venido reiterando al Tribunal Supremo de Justicia y a cada uno de sus presidentes que normalicen nuestro salario. Hay desmejoras en contra de los jubilados a nivel nacional”, señaló Guerrero.
Por su parte, Roger García, asistente de tribunal, manifestó que a pesar de haber aportado 28 años de servicio, “lo que recibimos no satisface nuestras necesidades, ni siquiera la canasta básica”.
De no recibir respuestas satisfactorias, los trabajadores continuarán con acciones de calle así como el cierre del edificio Hermes para ejercer presión ante el gobierno regional y nacional.
