Ante una posible fuga, el expresidente peruano Pedro Castillo permanecerá preso por los próximos 18 meses para ser investigado por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre mientras suben las consecuencias de las protestas.
El juez supremo Juan Carlos Checkley tomo la decisión en la tarde de este jueves 15 de diciembre, mientras que en las calles de varias regiones del país siguen las protestas que ya dejan 17 personas fallecidas.
El juez Checkley también impuso una “medida de comparecencia con restricciones” en contra del exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres.
A Castillo lo investigarán como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, dijo el juez.
Suben a 17 los muertos por las protestas
En el primer día de protestas tras la aplicación del Estado de Emergencia en Perú se registraron nueve decesos, mientras que desde el domingo a este jueves, se produjeron más muertes que elevan la cifra a 17 fallecidos.
La Dirección Regional de Salud peruana confirmó además 52 personas heridas, sólo este jueves. Mientras que la Defensoría del Pueblo reporta 348 heridos desde que iniciaron las protestas tras la destitución de Petro Castillo.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Toque de queda
El Gobierno de Dina Boluarte ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en ocho departamentos de los 24 que tiene el país. La medida forma parte de los 30 días de estado emergencia dictado el miércoles pasado.
La medid, exceptúa al personal sanitario, aseo, transporte, delivery, telecomunicaciones y otras actividades fundamentales.
Las farmacias y boticas podrán continuar con su actividad durante el toque de queda de acuerdo con el decreto publicado.
El comunicado establece que sólo estará permitido el desplazamiento de aquellas personas “que requieren de una atención médica urgente por encontrarse en grave riesgo su vida o salud”.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Este jueves, la presidenta Dina Boluarte exhortó al Congreso a aprobar el adelanto de las elecciones generales del 2026 al 2023.
Con información de EFE y AFP
