Por novena vez consecutiva fue diferida la apertura de juicio por tratos crueles y violación sexual contra un joven estudiante, por ocho expolicías. Los hechos ocurrieron en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
La audiencia contra los 8 exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estaba prevista para el pasado miércoles 15 de enero.
En esta oportunidad, la apertura de juicio fue diferida por la incomparecencia de dos defensores de los acusados.
Los ocho anteriores diferimientos de apertura de juicio por tratos crueles y violación sexual fueron por inasistencia de los representantes fiscales e inconvenientes para trasladar a los acusados.
Son casi dos años de detención sin lograr la apertura de juicio por tratos crueles y violación sexual
Estando a escasos cuatro meses de cumplirse dos años de la detención de los exfuncionarios implicados en el caso de tortura, efectuada en mayo de 2018, todavía no se ha avanzado más allá de la fase intermedia del proceso judicial que representa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Cabe resaltar que, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal no podrán sobrepasar el plazo de dos años y, cuando existan causas graves que justifiquen el mantenimiento de estas medidas, próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el Fiscal podrá solicitar prórroga. Esto, en caso que la dilación del proceso sea atribuible a los imputados, el acusado o los defensores.
Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa en su artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y que, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
La organización no gubernamental reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano sigue obstaculizando que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país y promueve la multivictimización, al imposibilitar la reparación debida y la sanción a los responsables.
La organización de derechos humanos insiste que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, tal como se solicitó en la acusación presentada por Codhez.
No obstante, los exfuncionarios solamente serán juzgados por los delitos de violación sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.
Codhez exhorta al Estado a garantizar justicia
En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, hecho que fue documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país. No ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. Codhez exhorta a los tribunales nacionales que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.
No ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. Codhez exhorta a los tribunales nacionales que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.
Con información de Nota de Prensa