La destrucción del Estado y el secuestro de los poderes

Oscar Arnal

La destrucción del Estado por parte del régimen es la causa de la debacle. La Constitución muy claramente diferencia al gobierno del Estado y de la administración.

El gobierno, según el artículo 6 de la Carta Magna, es democrático, electivo, plural, alternativo y de mandatos revocables. El gobierno, la población y el territorio son los elementos constitutivos del Estado. La administración pertenece al Estado. Se ingresa a la administración por concurso y se asciende por méritos tal y como lo señala el artículo 146.

El Banco Central es parte del Estado y también de la administración. Tiene un carácter independiente, separado del gobierno. La hiperinflación que vivimos se debe a un gobierno que olvidando el papel del ente emisor lo secuestró, obligándolo a financiar el déficit.

Al hacerlo, la producción de dinero sin respaldo, provoca la subida incesante de los precios. En los países como el nuestro, donde se funde la figura de jefe de Estado y de gobierno, es todavía más importante mantener la separación entre administración y gobierno.

El régimen ha corroído la administración violando el artículo 145 que establece que los funcionarios están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Incluso los obligan a marchar.

Con las Fuerzas Armadas hacen lo mismo. Se les coacciona con formas ideológicas que desfiguran el carácter institucional de una organización que existe para salvaguardar la soberanía de todos y no de un grupo en particular o persona. 

 Con los poderes del Estado ocurre algo similar. El principio de independencia, división y autonomía se pervirtió. La corrupción se extendió por todas partes, debido a que la función contralora no pudo llevarse a cabo, especialmente la del parlamento.

Nadie pudo ni siquiera ser interpelado por la Asamblea Nacional. De la misma manera, en entes como la Contraloría General, la Fiscalía, la Defensoría y en todo el poder judicial se impusieron fichas partidistas incapaces de cumplir con la función de Estado.

Así mismo, el Consejo Nacional Electoral que hace de árbitro en las controversias electorales se llenó de incondicionales que hacen inviable unas elecciones justas y transparentes.

El círculo rojo formado por la oligarquía gobernante se apropió del Estado. Ante el desastre hace falta cambiarlo todo o nada cambiará.

@OscarArnal