La ULA denuncia que el gobierno viola la Constitución

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Universidad de Los Andes
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A través de un comunicado firmado por el rector Mario Bonucci, el consejo universitario de la Universidad de Los Andes denunció que es el propio gobierno nacional quien viola las convenciones colectivas firmadas y la Constitución de la república.

En varios apartados la rectoría de la ULA expuso que «la situación presupuestaria de las universidades nacionales, es crítica en extremo», reseñando que el ejecutivo ya no cumple con el pago completo de los «salarios de los trabajadores y personal docente con todos los beneficios salariales y aportes a entes para-universitarios suspendidos desde hace ya casi un año, pasando por las ahora inexistentes providencias estudiantiles, hasta los más esenciales recursos necesarios para un funcionamiento adecuado de nuestras instituciones».

Escenario que califican como un proceso continuo por parte de las autoridades gubernamentales de total destrucción de las universidades públicas y privadas.

También el consejo universitario de la ULA reclamó «el secuestro de la nómina de todos los entes de la administración pública, llegando al punto de no honrar las convenciones colectivas redactadas e impuestas por el gobierno y refrendadas por las federaciones corporativistas al servicio de éste, dejando de lado beneficios tradicionales como antigüedad, formación, prestaciones sociales, cajas de ahorro, entre otros, violando la Constitución de la República y por ende nuestros derechos humanos, de manera masiva y recurrente».

Igualmente fustigaron a la actual Ministra de Educación Universitaria Tibisay Lucen porque «en reiteradas oportunidades ha acallado la voz de la Universidad de Los Andes y de otras universidades, ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), estableciendo un veto arbitrario al Rector de la Universidad de Los Andes y a otros rectores y miembros del CNU».

Lo que acordaron

Luego de otros considerandos en los que repudian la violación a la autonomía universitaria y otras acciones que califican de arbitrarias por parte del gobierno, acordaron lo siguiente:

  1. Rechazar categóricamente las acciones y conducta lesiva del Gobierno Nacional hacia todos los entes de la administración pública y exigir el cese inmediato de estas acciones y un cambio de conducta por el bien del futuro de nuestra nación.
  2. Invitar a todos los gremios de la educación nacional a todos los niveles y a los gremios de la administración pública nacional, regional y local, para que se establezca un frente amplio de lucha por las reivindicaciones laborales que no sólo están garantizadas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras sino establecidas como derechos inalienables en la Constitución y en los Tratados internacionales suscritos válidamente por al República. Todos estamos sufriendo las arbitrariedades de un gobierno que ha planificado nuestra destrucción.
  3. Hacer un llamado a las fuerzas vivas nacionales: Asamblea Nacional, iglesia, sector productivo, entre otros, para que se pronuncien respecto a la destrucción de los entes públicos y dentro de éste los sectores educación y salud. El futuro de la nación está en juego y debemos actuar de inmediato. Sectores como la educación son claves en el desarrollo de un país, su desaparición o minimización implicaría poner en riesgo la formación de calidad para todos nuestros contemporáneos, así como nuestros hijos y nietos, quienes en un futuro tendrán en sus manos el desarrollo de Venezuela.
  4. Elevar una protesta enérgica ante el Ministerio de Educación Universitaria, por el trato irrespetuoso ejercido en persona de su ministra al Representante de la Universidad de Los Andes y a otros miembros del Consejo Nacional de Universidades, cuando han solicitado la inclusión para discusión, en las sesiones de ese Consejo, de puntos medulares para la educación universitaria y la nación.