El abogado Luis Izquiel, experto en criminología, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias este martes 27 de abril y una de sus primeras reacciones giró en torno a las declaraciones del director general del CICPC, Douglas Rico, en las que revelaba que sostienen conversaciones con los líderes de las bandas delictivas que operan en la Cota 905 de Caracas para un potencial desarme.
Sin pensarlo dos veces dijo que «es bastante ingenuo pensar que unos delincuentes que se dedican a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico, al robo de vehículos, al sicariato, van a entregar las armas simplemente porque se les pida a través de un diálogo».
Pero además consideró que si esta dinámica se concretara «sería repetir el error de las zonas de paz, un plan nefasto que lo que hizo fue fortalecer bandas criminales no solo en Caracas sino a lo largo y ancho de todo el país».
Izquierdo aseveró también que los integrantes de esas organizaciones delincuenciales «no van a entregar esas armas porque son la base del negocio criminal que tienen».
Sí mira con mucha preocupación que cuando este tipo de «diálogo» fracasan se produce un daño irremediable traducido en que «las comunidades la población ve cómo el gobierno, las instituciones, se sientan de tú a tú con unos líderes criminales y ese es un muy mal mensaje que se les da los habitantes sometidos por estas bandas», cuestión que interpreta como el legado de secuelas negativas sobre la población y sobre las políticas púbicas para el combate de la criminalidad en el país.
¿Es cierto que disminuyeron los delitos en la pandemia?
Aún en el contexto de la pandemia, caracterizado entre otros factores por la desmovilización colectiva, para Izquiel se ha mantenido «una política de exterminio», a través de las ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad, que según lo afirma «ha sido reconocida por organizaciones internacionales de derechos humanos como el alto comisionado de Michel Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Para explicar el por qué en estas circunstancias se han registrado disminuciones en la tasa de homicidios a este factor le sumó también el hecho de la masiva migración de venezolanos hacia el exterior. Pero le pone la lupa al tema de las ejecuciones extrajudiciales porque si bien se han ultimado a varios delincuentes «también se han dado asesinatos de personas inocentes en esos operativos policiales2.
Aseveró de igual modo que han aumentado otros delitos como «la extorsión que ha aumentado enormemente», sobre todo en entidades como Zulia, «cuyas amenazas se hacen con fusiles, con granadas, contra los industriales, contra los comerciantes».
En ese análisis el criminólogo aseguró que en Venezuela «se ha conformado bloques de delincuencia organizada», cuyo ejemplo más emblemático «es el fenómeno de la Cota 905 con la conformación de mega bandas criminales, pero también presencia de guerrilla de origen colombiano como por ejemplo lo que se está viviendo en Apure, sindicatos mineros ligados a la extracción ilegal del oro en el estado Bolívar que hacen vida en el país».
Cree que para la resolución definitiva de este asunto de seguridad ciudadana en Venezuela deben formularse y ejecutarse políticas públicas que trasciendan a un gobierno y que se conciban a largo plazo «y que es imposible resolver en un solo período de gobierno porque implicaría reformar los centros penitenciarios para una reinserción de los reclusos, por ejemplo».
Pero el abogado se mostró pesimista al respecto porque «pareciera que en Venezuela no hay ambiente para esto porque sabemos cuál es la situación de la política en el país como las diferencias enormes que existen entre quienes están gobernando y quienes aspiran una mejor condición para Venezuela».
