«El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de personas que se encuentren sometidas en cualquier forma», artículo 43 constitucional.
En este marco, queremos presentar la iniciativa “Lupa por la Vida”, un proyecto de investigación y divulgación del impacto de la violencia policial y militar, focalizado en las ejecuciones extrajudiciales.
En palabras del Papa Francisco «se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos».
El proyecto Lupa por La Vida es resultado de la alianza entre el Centro Gumilla (Centro de investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela) y PROVEA (programa venezolano de educación y acción en derechos humanos) y se orienta a la defensa del derecho a la vida, exigir el cese de las ejecuciones extrajudiciales y contribuir a la exigencia de la verdad, justicia y reparación, para la no repetición.
Es una iniciativa que apenas está en construcción. Es una propuesta de visibilización de la magnitud y los dramas que este grave problema está dejando en la sociedad venezolana y, especialmente, en los sectores populares.
Por eso se irá alimentando, fortaleciendo y reajustando en la medida en que recibamos de parte de activistas, defensores, especialistas, periodistas, familias y ciudadanos de buena voluntad sus observaciones y aportes pertinentes para hacer de la iniciativa una herramienta más para la construcción y preservación de la memoria colectiva que tanta falta nos hace para la vigencia de los derechos humanos y frenar el ciclo de impunidad.
Buscamos apostar por el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que sean eficacias en la lucha contra el delito ejecutadas en el marco de la constitución y la ley: respeto a los derechos humanos, uso diferenciado y proporcional de la fuerza.
Además, contribuir a visibilizar la exigencia de justicia por parte de los familiares de las personas asesinadas, también alentar a que se organicen y asuman protagonismo.
En Lupa por La Vida creemos que el delito en cualquiera de sus manifestaciones debe ser investigado y sancionado. Pero esa lucha contra el delito, debe garantizar el debido proceso y los derechos humanos preservando el Estado de derecho.
Desde esta perspectiva nuestro trabajo está centrado en realizar registros constantes en todos los estados del país de las ejecuciones extrajudiciales. De igual modo, ofreceremos reflexiones estructurales que evidencien qué hay detrás de estas acciones violatorias del derecho a la vida.
También, en varias de las publicaciones, visibilizaremos algunos casos emblemáticos que han ocurrido con el objetivo de magnificar la demanda de justicia. Por ejemplo, hemos estado contribuyendo a que el caso de José Enrique González, asesinado el pasado 7 de septiembre del año 2020, cuando en horas de la madrugada un grupo táctico de las FAES llevó a cabo en la población de Barrancas en el estado Monagas un procedimiento arbitrario, haya sido tomado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, instalada en Venezuela para su seguimiento.
A 5 meses del hecho su papá, Samuel González, exige a la Defensora del Pueblo y al Fiscal Superior de Monagas, agilizar las investigaciones del caso de su hijo y que se pronuncien contra los cuerpos de seguridad que actúan bajo el manto de la impunidad.
Sobre la actuación desproporcionada de las FAES, cuestionado grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, ya lo había denunciado la Alta Comisionada Michelle Bachelet en 2019: “Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para disolución de las FAES, por el contrario, han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, un respaldo que se consolidó en el año 2020 y pareciera que va a continuar en este 2021.
Igualmente ya le hemos puesto la lupa a los hechos ocurridos en la parroquia La Vega de Caracas a principios del mes de enero. Se ha confirmado que a pocos días de esta masacre, ya se iba conociendo que muchas de las víctimas eran inocentes, y que no tenían ninguna vinculación con los grupos armados.
Y es que las proyecciones sobre ejecuciones extrajudiciales para este primer trimestre no son nada alentadoras. Lupa por la Vida ya ha registrado en este primer mes de enero que policías y militares asesinaron a 223 personas en todo el territorio nacional. El estado en el que se registró la mayor cantidad de presuntas ejecuciones fue Zulia con 59 víctimas, seguido de Carabobo con 48 víctimas.
De esas estadísticas se desprende que la PNB es el organismo más letal pues de las 223 presuntas ejecuciones, aparece como responsable de 48, lo que representa casi un cuarto del total de los hechos. Y de esas 48 ejecuciones, 28 las habrían cometido las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Y no solo pretendemos quedarnos con números, que al fin y al cabo se quedan fríos ante la impasividad de las autoridades y responsables para corregir este mal.
Nos proponemos presentar historias y realidades humanas que están detrás de esas cantidades. Por ejemplo, en la mayoría de los casos los asesinados son jóvenes entre 18 y 30 años, provenientes de sectores populares.
Igualmente, en más del 95% de los supuestos enfrentamientos nunca sale un funcionario herido o fallecido, dato que refleja la arbitrariedad y el poder de letalidad que exhiben los cuerpos de seguridad actuantes.
Si queremos agradecer, en principio, a los medios de comunicación aliados para que este proyecto se consolide como un aporte más al trabajo de monitoreo que otras organizaciones de derechos humanos llevan a cabo en Venezuela, a través de sus publicaciones constantes en sus portales web y noticieros radiales y televisivos.
En concreto, mencionamos a Radio Fe y Alegría Noticias, Efecto Cocuyo, Tal Cual, Runrunes.es, El Nacional, periodistas independientes, siempre dispuestos a ayudar a mostrar estos hechos para que no queden impunes y llamar la atención sobre la necesidad de adecuadas políticas de seguridad ciudadana.
Garantizar una mejor Venezuela implica entre otros aspectos una mejor policía, el respeto a los derechos humanos y seguridad ciudadana.
Prensa Provea/Gumilla
