Más de 300 familias de Anzoátegui denuncian desalojos arbitrarios

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Representantes del Movimiento de Pobladores de Anzoátegui denunciaron que hay más de 300 familias que desde hace un par de meses están siendo víctimas de desalojos arbitrarios y violación de sus derechos.

Como medida de rechazo, este jueves 7 de septiembre protestaron a las afueras del Ministerio Público en Puerto La Cruz. Allí además entregaron un documento con la denuncia formal.

“Hemos tenido amenazas hasta amenazas, como por ejemplo, en el edificio Puerto Crucero donde imputaron a 34 personas de las que viven ahí. Queremos aclarar que no somos invasores, somos ocupantes. Somos hijos de (el fallecido presidente Hugo) Chávez. Defendemos el legado de la revolución bolivariana, pero no podemos permitir atropellos de fiscales que vienen amedrentando y amenazando”, expresó Osvaldo Mendoza.

El vocero del Movimiento de Pobladores de Anzoátegui señaló que los funcionarios que ejecutan los desalojos ponen en tela de juicio la integridad de las familias, pues amenazan a niños e incluso adultos mayores que residen en los edificios. Por esta razón consideran los procedimientos como una violación a los derechos.

Mendoza aseguró que ellos ocuparon los edificios amparados en un decreto de Chávez en 2002, que fue un paliativo a la carencia de viviendas en ese entonces. También indicó que el Estado se había comprometido a pagar el valor de las propiedades a sus dueños, pero esto, al parecer, no sucedió.

“En 18 o 19 años que tiene el movimiento, el Estado no ha podido cumplir las exigencias de las familias que en total son más de 800 en todo Anzoátegui”, afirmó.

En la calle

Jorge Mardelli, uno de los afectados, contó que vivió 49 años en una vivienda en el sector Los Yaques, pero le ordenaron desalojar y prácticamente lo dejaron en la calle.

“Fui desalojado el 14 de julio arbitrariamente y aparte me picaron el carro y me robaron mis herramientas de trabajo. Pido que se haga justicia porque el desalojo fue sin ninguna orden”, manifestó.

Los perjudicados aseguraron que se mantendrán “en la lucha” hasta que se les garantice un sitio para vivir. Dicen que no se oponen a desocupar las propiedades, siempre que el gobierno les consiga nuevas viviendas y sean reubicados.

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