Misión de la ONU determina que gobierno venezolano es responsable de crímenes de lesa humanidad

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La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas emitió este miércoles 16 de septiembre el informe correspondiente a la República Bolivariana de Venezuela sobre su trabajo desplegado desde 2019 hasta la fecha en diferentes violaciones relativas a los derechos humanos en el país a partir de las protestas de 2014.

La FFM (por sus siglas en inglés) determinó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus ministros del Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.  

La Misión investigó 223 casos, de los cuales, 48 se incluyen como estudios exhaustivos en el informe de 443 páginas.

Adicionalmente, examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis, las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos cometieron violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela.

También identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por cuerpos de seguridad como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denunció el informe que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Misión independiente investigó casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles inhumanos, torturas y desapariciones forzadas.

Ejecuciones extrajudiciales

En este renglón, la delegación internacional afirmó que aún con estimaciones conservadoras, sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todas fueron necesariamente arbitrarias.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), presuntamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad –el CICPC y las FAES de la Policía Nacional Bolivariana– fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios se refirieron como sembrar “semillas”.

Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Sebin tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno; mientras que la Dgcim tenía como objetivo al personal militar y a civiles asociados, presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del Sebin dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

Lo que sigue

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó durante un año investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

La Misión no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

La Misión presentará el informe en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre del 2020.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, manifestó que este informe se convierte en un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, porque avala graves denuncias y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en Venezuela.

Diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Venezuela han solicitado a la ONU que renueve el mandato de la Misión en el país.

Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivari… by Silvia González on Scribd