La “represión selectiva contra líderes sociales y políticos” en Venezuela está creciendo de cara a las elecciones de 2024, alertó este lunes 25 de septiembre la Misión Internacional Independiente para Venezuela, en la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó como muestra “muy preocupante” de esa creciente represión, la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.
También citó como ejemplo la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamaciones laborales, agregó.
“En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa”, subrayó la jurista portuguesa al presentar el informe.
Continúan los abusos
Agregó que este informe se centra en los abusos cometidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, documenta al menos 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El informe, que ya había sido presentado en rueda de prensa el pasado 20 de septiembre, también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionada con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
El documento reconoce un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia en ese año, al marcar el fin de las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para desestabilizar al Gobierno.
Junto a los abusos directos contra personas críticas, la presidenta de la misión denunció la “represión de instituciones clave de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación” que han conseguido, por ejemplo, que “casi no exista prensa independiente en el país”.
Gobierno rechazo el informe
En el turno de réplica tras la presentación del informe, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Héctor Constant, negó la legitimidad misma de la misión, aprobada en 2019 por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos.
“Ha sido impuesta por razones políticas a mi país bajo la lógica hegemónica de maximizar la presión mediática y política sobre Venezuela”, aseguró el diplomático.
Por su parte Yván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, expresó su rechazo a las declaraciones de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
Señaló de “informe panfletario” lo presentado este 25 de septiembre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Con información de 14 y medio
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