Finalmente la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó su informe final de las elecciones de regionales y municipales de 2021. El documento es extenso y alcanza a desarrollarse en 86 páginas.
Un breve texto al inicio del informe hace notar que el documento refleja únicamente la postura de sus redactores y no de la Unión Europea.
Uno de los primeros elementos que menciona es la falta de «seguridad jurídica» que impidió que algunos candidatos participaran en las elecciones. Esto luego de ser inhabilitados «sin notificación ni motivación explícita, basados en decisiones de la Contraloría General (CG) consideradas como políticamente motivadas».
El informe destacó comentarios positivos de varios «interlocutores» que catalogaron a la directiva actual del Consejo Nacional Electoral (CNE) como los «más equilibrados» en los últimos 20 años. Además, rescataron que varias organizaciones políticas de oposición que tenían varios procesos electorales sin participar, sí acudieron a las elecciones del 21 de noviembre de 2021.
«El Consejo (Nacional Electoral) logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno y los dos rectores vinculados a la oposición y a la sociedad civil», reseñó el informe.
No obstante, cuestionó que el órgano electoral no sancionara a quienes incurrieron en delitos electorales denunciados por actores políticos de Venezuela.
Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para las elecciones regionales y municipales Venezuela 2021, presenta el informe final de la Misión y sus recomendaciones.https://t.co/2sF0fyjIAg pic.twitter.com/ZIxqsC5tnO
— MOE UE Venezuela 2021 (@MOEUEVenezuela) February 22, 2022
Delitos electorales
De acuerdo con el informe, uno de los aspectos más explotados de manera irregular fueron las plataformas digitales.
Reseñaron que se usaron páginas web oficiales, cuentas de redes sociales institucionales y de funcionarios del gobierno para «promover la campaña de los candidatos» oficialistas.
También reseñó que en 21 estados de Venezuela se detectaron casos de autocensura para evitar problemas con el gobierno de Maduro. Además, la MOE-UE informó que están en conocimiento de que el gobierno puede sancionar a los medios sin acudir a un proceso legal.
El informe también reseñó la presión que ejerce el gobierno para que los dependientes de los organismos públicos asistan a sus eventos políticos, como la presión al momento de votar.
Falta de independencia judicial
A grandes rasgos, la MOE-UE cuestionó el uso de las instituciones judiciales como parte de la estructura política del gobierno para legalizar acciones convenientes.
El CNE, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia fueron utilizados «por conveniencia». Durante el proceso de campaña, se habrían inhabilitado a 15 figuras de la oposición, incluyendo a varios factores del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que se mostró contrario al presidente Maduro.
Las inhabilitaciones políticas ocurrieron sin ningún tipo de argumento o justificación legal. La mayoría recibió inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República sin que los afectados fueran funcionarios públicos. Tampoco se demostraron los delitos en que pudieron haber incurrido los señalados.
