Distintas organizaciones, que están siguiendo muy de cerca lo que pasa en el actual contexto de crisis en Venezuela, han denunciado que las autoridades venezolanas han negado el acceso a la defensa privada y violentado el debido proceso a los detenidos que salieron a manifestar tras las elecciones del domingo 28 de julio. Asimismo, han documentado las vulneraciones a la libertad de prensa. A continuación, un resumen de las denuncias que ha reportado Crónica Uno en relación a estas violaciones de derechos humanos.
Negación del acceso a la defensa
Zuleima Siso, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Aragua, informó que al menos 60 personas fueron detenidas en la entidad, de las cuales su organización defiende a 40. Sin embargo, no se les ha permitido representarlos en el Palacio de Justicia.
“No se dio la audiencia de los que tenían que ser presentados el miércoles. Ya pasó el tiempo del debido proceso, tienen más de 48 horas privados de libertad”, comentó Siso al medio Crónica Uno.
En Anzoátegui, se encuentran al menos 52 personas privadas de libertad, incluidos siete menores de edad, sin comunicación con sus familiares ni abogados privados.
Arelys Ayala, coordinadora regional del Foro Penal, señaló que a todos se les designó un defensor público con competencia en terrorismo.
Autoridades hacen las audiencias en línea
En Miranda, fuentes judiciales informaron que los 26 detenidos en Guarenas fueron presentados al juez de guardia en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda y remitidos al Tribunal Segundo de Control Nacional con competencia en terrorismo, cuyas audiencias se realizaron en línea.
El fiscal de guardia indicó que sigue instrucciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, para imputar a todos los detenidos por terrorismo y asociación para delinquir, sin permitirles acceso a la defensa privada.
Detenciones
En Ciudad Guayana, estado Bolívar, se registraron 14 detenciones desde el 30 de julio, incluidas tres en San Félix tras protestas exigiendo la transparencia del CNE. Entre los detenidos hay jóvenes que hacían servicio de mototaxis o delivery, como Aixa Boada, quien fue testigo electoral en Puerto Ordaz.
En Mérida, 17 de las 22 personas detenidas fueron presentadas ante tribunales el 30 de julio. Fernando Cermeño, coordinador del Foro Penal, indicó que la mayoría de los detenidos son menores de edad y están siendo juzgados por un Tribunal Antiterrorismo en Caracas, imputados por terrorismo, instigación, obstaculización de la vía pública y resistencia a la autoridad.
En Táchira, 36 personas fueron detenidas durante las protestas, incluyendo a Wilmer Javier Guerrero Ortiz, quien fue golpeado brutalmente por la Guardia Nacional Bolivariana, sufriendo una convulsión. Su madre, Yoleida Guerrero, denunció que su hijo fue trasladado al Hospital del Seguro Social, pero luego regresado al ente militar, y su paradero actual es desconocido.
40 incidentes contra la prensa
El 30 de julio se emitió una orden de aprehensión contra Pedro Lucas Rodríguez Carreño, reportero gráfico y comunicador popular en Sucre, por presunta incitación al odio.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas denunció que este delito se usa para atacar a trabajadores de la prensa.
Hasta la fecha, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha documentado 40 incidentes relacionados con ataques a periodistas y reporteros gráficos, incluyendo la detención de Paul León y Yousner Leomar Alvarado Medina, comunicadores del medio VPItv.
Con información de Crónica Uno.
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