Desde el lunes 2 de marzo, unos 20 de privados de libertad recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Fernando de Apure iniciaron una huelga de hambre indefinida.
La acción de protesta también fue respaldada por sus familiares este martes 3 de marzo, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades judiciales ante lo que denuncian como una violación sistemática de sus derechos humanos y un crítico retraso en sus procesos judiciales.
A las afueras de la sede del Cicpc en la capital apureña, familiares de los detenidos se concentraron para respaldar la protesta. Con pancartas en mano donde se leía “no al retardo procesal” y “respeto a los derechos humanos”, los voceros denunciaron que existen casos de personas que llevan entre dos y cinco años detenidas sin que siquiera se haya dado apertura formal a su juicio.
“Hago un llamado a la conciencia. En el estado Apure hay muchos presos que son personas, no animales. Cometieron errores, pero no somos perfectos, son personas que merecen que se les respeten sus derechos humanos”, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias una de las familiares presentes, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Este miércoles, en horas de la mañana, un grupo de familiares también decidió apostarse frente a la sede del Palacio de Justicia en San Fernando en espera de que los tribunales que llevan las causas de sus allegados les respondan con la exigencia de la celeridad judicial.
Más del 90% de las manifestantes son madres, esposas, hermanas, hijas y de otros parentescos con los detenidos, quienes le entregaron una carta a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Apure, abogada Ana María Morales. Hasta el cierre de esta nota no habían obtenido una contesta.
Denuncian irregularidades judiciales
Según los testimonios recolectados en el lugar, el sistema de justicia en la entidad presenta fallas graves que impiden el avance de las causas, como:
- Destrucción de boletas: Familiares aseguran que, en ocasiones, las boletas de traslado enviadas por la fiscalía son destruidas dentro del recinto, impidiendo que el detenido asista a sus citas legales.
- Diferimiento de audiencias: La práctica de diferir las audiencias de manera constante se ha vuelto la norma, extendiendo la prisión preventiva mucho más allá de lo que establece la ley.
- Falta de atención a presos comunes: Los manifestantes hicieron un llamado directo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señalando que no se debe ser preso político para que el Estado garantice un juicio justo y rápido.
El retardo procesal es una de las crisis más profundas del sistema penitenciario venezolano. De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la justicia debe ser expedita; sin embargo, el hacinamiento en sedes policiales como el Cicpc —que no están diseñadas para reclusiones prolongadas—, agrava la situación de salud y seguridad de los internos.
Vale recordar que desde el cierre del Internado Judicial de San Fernando en abril de 2017 por la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y el gobernador de Apure para la época, Ramón Carrizales, en la entidad no se cuenta con una cárcel propiamente dicha.
Desde ese año los comandos policiales, militares y de investigación de la PNB, Policía Regional, GNB, Conas, Cicpc y Ddcim se han venido convirtiendo en centros de reclusión prolongada sin contar con las condiciones mínimas de detención.
Con información de José Muñoz| Radio Fe y Alegría Noticias
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