En Venezuela, se ha naturalizado como método de crianza la idea adultocéntrica de que los padres tienen la autoridad de maltratar a sus hijos, bajo la falsa premisa de que es una manera de corregirlos y evitar que se desvíen del “buen camino”.
Sin embargo, dicha mentalidad no solo minimizaría las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para racionalizar una conducta inadecuada, sino que también perpetúa el ciclo de la violencia.
“Son todas creencias que justifican y reivindican una forma de crianza con violencia, que tiene una raya muy delgada e invisible, que traspasa con facilidad y se convierte en maltratos que van creciendo en frecuencia e intensidad, llegando a afectar la vida de los niños y las niñas”, alertó Fernando Pereira, educador y fundador de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
De acuerdo con un informe publicado en septiembre de 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente tres de cada cuatro niños de entre dos y cuatro años (alrededor de 300 millones) son víctimas regulares de castigos corporales o violencia psicológica por parte de sus progenitores o cuidadores.
¿Qué es el maltrato infantil?
La OMS define el maltrato infantil como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, incluyendo el maltrato físico y emocional, el abuso sexual, la negligencia, la explotación comercial y cualquier otro tipo de violencia que amenace la salud, el desarrollo, la dignidad o incluso la vida del menor.
Al igual que en muchas otras problemáticas, Venezuela no cuenta estadísticas oficiales que midan la magnitud de este fenómeno, pese a que desde comienzos del año 2000 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Estado a emitir cifras a fin de tener un diagnóstico real, actual, transparente y accesible.
En consecuencia solo se puede evidenciar un incremento de los casos a través de las publicaciones que se hacen en medios de comunicación y redes sociales.
El fundador de Cecodap afirmó que las cifras facilitan la toma de decisiones en torno a los tipos de violencia y permiten identificar el aumento de este fenómeno, así como las regiones, edades y géneros más afectados.
Maltratos más comunes en el país
Pereira apuntó que el maltrato verbal es el más común, el cual la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) define en su artículo 32-A como humillante y que usa palabras con la supuesta intención de corregir, profiriendo insultos, improperios o motes a los niños y niñas que pueden tener efectos emocionales y psicológicos.
El castigo físico también prevalece en Venezuela y ocurre cuando las acciones disciplinarias resultan en lesiones o daño físico, lo cual está tipificado como delito según la ley.
Asimismo, el abuso sexual afecta tanto a niños como a niñas en el país, quienes, por su vulnerabilidad y falta de poder, son más propensos a ser víctimas. La mayoría de las veces, los perpetradores son personas cercanas, con un vínculo afectivo y un nivel de autoridad sobre los menores.
La negligencia y la falta de atención, al no brindar los cuidados necesarios, también constituyen formas de maltrato que dejan profundas secuelas en su desarrollo.
Angeyeimar Gil, trabajadora social y defensora de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que tanto el maltrato físico como verbal suelen estar vinculados con el “adultocentrismo”.
El adultocentrismo es la idea de que los adultos siempre tienen la razón y eso les da la autoridad de dañar a los niños, niñas y adolescentes para que aprendan lo que ellos consideran correcto, que no necesariamente lo es porque es subjetivo en determinados escenarios.
“Muchas veces a los niños les pegan por cosas que no hay razón de pegarles. Por ejemplo, porque no se defendió en la escuela de lo que otros le dijeron o porque se comió algo de la nevera sin pedir permiso”, lamentó Gil.
Vinculación con la falta de recursos
La falta de recursos mínimos en amplios sectores de la población para brindarles cuidados adecuados, alimentación y oportunidades de recreación a sus hijos, junto con situaciones estresantes en el seno familiar, crean un entorno propicio para la violencia y el maltrato en las relaciones de crianza, sostuvo Fernando Pereira.
Agregó que Venezuela figura entre los países con mayor incidencia de embarazos adolescentes en la región, lo que lleva a que un significativo número de niños y niñas sean concebidos en condiciones no planificadas y en entornos de carencia.
Por lo tanto, desde el mismo momento de la gestación, estos menores se ven expuestos a diversos riesgos, como agresiones medioambientales, falta de chequeos médicos y posibles complicaciones durante el embarazo y el parto debido a la deficiencia de condiciones fisiológicas óptimas en las madres.
Igualmente, la población infantil, en muchas ocasiones, enfrenta condiciones precarias, como hacinamiento y exposición a adultos con adicciones al alcohol, factores que incrementan el riesgo de sufrir maltrato, según el fundador de Cecodap.
En este sentido, Angeyeimar Gil resaltó que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de dotar a las familias de recursos para poder criar adecuadamente a sus hijos e hijas. A su vez, garantizar la salud, educación, salarios dignos, transporte adecuado, espacios de recreación y esparcimiento, entre otros beneficios.
“Hay todo un conjunto de situaciones que son estructurales, que son responsabilidad del Estado, que no están garantizadas en Venezuela y que tiene una incidencia directa en las relaciones familiares, en cómo estallan las crisis dentro del núcleo familiar, que en buena medida van a terminar traduciéndose en situaciones de violencia, de maltrato intrafamiliar de adultos a niños, entre los propios niños, entre los hermanos, o de violencia basada en género”, detalló.
Consecuencias emocionales
A juicio de Gil, el maltrato y la violencia generan una serie de secuelas emocionales que afectan significativamente la autoestima y la confianza en sí mismos.
Los menores también pueden experimentar temor hacia otras personas, lo que, en última instancia, puede llevar a una sumisión en situaciones de violencia y a dificultades para establecer límites y defenderse, tanto dentro como fuera del entorno familiar.
“Una infancia y una adolescencia en la que hay violencia, supone adultos emocionalmente afectados, con miedos y dificultades para resolver conflictos y comunicarse de manera asertiva”, declaró.
La experta advirtió sobre el peligro de perpetuar un ciclo de violencia, donde aquellos que han sido víctimas pueden replicar ese comportamiento violento en sus relaciones futuras.
“Se convierte como en una rueda, en donde recibo violencia y luego respondo con esa violencia a otras personas, repitiéndose y pasando de generación en generación”, agregó.
Un estudio desarrollado en Australia reveló que hasta un 40 % de las enfermedades mentales prevalentes, como la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias, tienen sus raíces en la violencia sufrida durante la infancia.
Recursos disponibles para las víctimas
Desde la entrada en vigencia de la Lopnna en el año 2000, Venezuela posee un sistema nacional de protección con distintos niveles, subrayó la trabajadora social y defensora de los derechos de los niños Angeyeimar Gil.
El nivel municipal es el más cercano a las comunidades y a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, donde los consejos de protección actúan como órganos administrativos encargados de recibir las denuncias de vulneración o amenaza de derechos.
“En todos los municipios de Venezuela hay, por lo menos, un consejo de protección, y cada uno debe tener al menos tres consejeros que atienden todos los días, incluso fines de semana”, informó Gil.
Añadió que, aunque no operan en las mejores condiciones, estos consejos siguen funcionando y tienen la autoridad para dictar medidas de protección, que abarcan la inclusión en programas de atención, separación del agresor, notificación a los padres para que cumplan con sus responsabilidades, y solicitud de atención médica.
Al hablar de una afectación de la integridad personal, maltrato físico e incluso maltrato psicológico, “estamos hablando de la posibilidad de que se esté cometiendo un hecho punible, y eso se debe notificar al Ministerio Público, que luego hará su procedimiento y definirá si efectivamente sancionar o no a la persona”, declaró Gil.
Mientras que, a nivel municipal, las Defensorías de niños, niñas y adolescentes, aun cuando no toman denuncias, orientan a las familias sobre dónde acudir y cuál es la ruta de atención.
“No hay una capacidad 100 % operativa del sistema de protección para responder frente a los tipos de violencia que se están presentando en Venezuela; sin embargo, estas instancias están allí y están atendiendo”, afirmó Gil.
La trabajadora social invitó a conocer estas instancias, acudir a ellas y solicitar la atención y respuesta adecuada frente a las situaciones de violencia que estén viviendo los infantes.
Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil están abocadas a la promoción del buen trato y la formación de las familias para ejercer una crianza respetuosa y positiva.
Pese a que la capacidad de alcance de estas organizaciones es menor en comparación con la que debería ofrecer el Estado, estas entidades reciben apoyo humanitario para ayuda psicológica, acompañamiento familiar y programas de abrigo o familias sustitutas para niños que están sin cuidados parentales.
“La sociedad civil es la que está llevando adelante procesos de prevención, formación y fortalecimiento de capacidades de los maestros, de las propias familias y de los propios niños, niñas y adolescentes, que es algo que debería ser masificado, no solo por las instituciones, sino por los medios de comunicación masivos para que esa información llegue”, sugirió Gil.
Respuesta gubernamental y desafíos por resolver
La defensora de Redhnna observa que las instituciones gubernamentales suelen adoptar una postura punitiva y sancionatoria frente a los casos graves de maltrato, que desde su punto de vista “no es la respuesta adecuada porque a lo que se tiene que apostar es a la educación, prevención y a que esas situaciones no se den”.
Recalcó que es responsabilidad tanto del gobierno como de los estados garantizar que un niño pueda crecer en un entorno familiar estable, incluso si sus padres están privados de libertad en algún momento.
Por ello, consideró que no es que sea mala la respuesta punitiva y sancionatoria, porque hay que hacerlo si se cometió un delito, pero no puede ser la única medida.
Para Fernando Pereira, el gobierno tiene una deuda en cuanto al desarrollo de campañas públicas y de una estrategia general de formación a parejas, maestros, personal de salud y de guarderías para masificar las bases de la crianza positiva y libre de violencia.
Enumeró la falta de confianza en el sistema de denuncia, el temor a las represalias y la carencia de personal interdisciplinario entre algunas de las barreras que obstaculizan una intervención oportuna y pertinente en casos de violencia contra los niños.
Un asunto de todos
Finalmente, Gil alentó a trabajar con las familias para promover una crianza armoniosa, basada en el amor, el respeto y la comprensión de las capacidades individuales de los niños y adolescentes, reconociendo que cada uno es único y que el entorno social también repercute en su comportamiento.
Por su parte, el educador Fernando Pereira exhortó a que la sociedad civil, las comunidades, familias y demás grupos organizados asuman un rol activo en la protección de los niños y niñas, así como poner el tema en la agenda pública y verlo como un asunto de salud pública.
“El problema del maltrato infantil es un problema de una sociedad que acepta, tolera y normaliza que sus seres más frágiles e indefensos sean agredidos y vulnerados en nuestra presencia, en nuestras narices”, concluyó Pereira.
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