Nuevo informe de Bachellet revela que en el Arco Minero han muerto 149 personas desde 2016

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Foto: ACNUDH

Este miércoles 15 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo entrega de una nueva actualización sobre el ámbito de los DDHH en Venezuela, destacando los aspectos del sistema judicial venezolano y de la actividad que se desarrolla en el Arco Minero del Orinoco.

Este segundo informe complementa uno primero que la diplomática presentó el 4 de julio de este mismo año.

En relación a las actividades del extractivismo que se llevan a cabo en el Arco Minero del Orinoco, estado Bolívar, el documento destaca que debido a la falta de transparencia en relación a la información sobre la actividad minera la Oficina no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado efectivamente regularizar la actividad minera y frenar la minería ilegal.

Agrega que de acuerdo con testimonios obtenidos de primera mano, una gran parte de ellas permanecen bajo el control de grupos criminales organizados o armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión.

El informe destaca un patrón de explotación laboral, incluido el trabajo infantil, y se refiere a informes de trata de personas y explotación sexual. El informe encontró que los mineros deben dar una gran parte del oro que extraen a grupos criminales y armados, están sujetos a largas jornadas laborales en condiciones peligrosas y estarían expuestos a enfermedades y contaminación por mercurio.

En concreto, denuncia que «los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016».

A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro de la región del Arco Minero, y los esfuerzos para abordar la actividad criminal, el ACNUDH califica que los organismos sufren de inacción y son los que deberían cumplir con su obligación bajo el derecho internacional de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las operaciones mineras.

El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.

Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.

El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.

En este apartado concluye que la expansión de la minería ha afectado particularmente las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas, dentro del Arco Minero y más allá, principalmente debido a la presencia de actores armados y los impactos ambientales. Una consecuencia principal ha sido la pérdida de control de sus territorios y recursos tradicionales, lo que también socava su derecho a la libre determinación.