Este 16 de septiembre la Misión Independiente de Determinación de Hechos presentó su nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Venezuela.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG PROVEA, explicó que el tema central del documento es el funcionamiento del sistema de justicia venezolano, evaluando aspectos como su nivel de independencia, su papel en la persecución e investigación de la disidencia y su rol en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de derechos humanos.
En este sentido, el informe concluye que los jueces y fiscales han denegado derechos por injerencia de otras autoridades y el sistema de selección provisional de estos funcionarios ha vulnerado gravemente el debido proceso.
Por otro lado, el activista señaló que el estudio también delata que «el sistema de justicia ha sido un instrumento de persecución y los jueces y fiscales han sido claves para que ocurran detenciones arbitrarias.
Además se vulnera sistemáticamente el debido proceso y se priva a las personas su derecho a contar con una representación legal de su confianza.
La Defensoría del Pueblo también sale mal parada
El trabajo de la Misión también determinó la complicidad de jueces, fiscales, «y funcionarios de la propia Defensoría del Pueblo en la práctica de la tortura en nuestro país».
En este punto, el documento devela que «las y los fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba contra las personas acusadas».
Y agregan que «en algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas – que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura – hacer la denuncia ante el tribunal».
Igualmente refleja que «no existe la voluntad ni para investigar ni para sancionar los casos de violaciones a los derechos humanos ni tampoco se investigan las cadenas de mando».
Sobre la Defensoría del Pueblo afirman que sus actuaciones reportadas «en comparación con el número de denuncias que reciben está muy lejos de cumplir con su función en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Para el sociólogo la Misión junto a otros organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional se convierten en «nuestra principal contención al autoritarismo y al abuso de poder en nuestro país».
El informe finaliza haciendo 45 recomendaciones, «que deberían ser de inmediato cumplimiento», a los representantes del Ministerio Público, Fiscalía General Militar, Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional, a la Defensoría Pública y al propio Poder Ejecutivo.
