El presidente de Paraguay Abdo Benítez vetó totalmente el proyecto de ley que permitía la transferencia directa de 1.700 hectáreas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en el marco de una reforma agraria.
Estas tierras serían luego adjudicadas a unas 160 familias de Marina Cué, del Distrito de Curuguaty, que las reclaman desde hace años, luego de en julio 2012, once campesinos y seis policías perdieron la vida tras un operativo de desalojo de campesinos de esas tierras de dominio público.
La conocida masacre de Curuguaty le costó el cargo al entonces presidente de Paraguay Fernando Lugo, ese mismo año.
El Obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, Guillermo Steckling, en cuya jurisdicción eclesiástica se encuentran las tierras mencionadas, exhortó a los legisladores a rechazar el veto del Ejecutivo, ratificar la ley y ponerla en vigencia en favor de las familias campesinas de la zona.
También el obispo reclama al presidente Benítez que favorezca el desarrollo integral de la población asentada en dichas tierras con políticas públicas en términos de infraestructura, acompañamiento técnico y apoyo financiero para la producción sustentable, en armonía con el medio ambiente.
Los argumentos que llevaron al veto total del mandatario, inicialmente favorable al proyecto de ley, fueron los cuestionamientos de diversos sectores y las autoridades ambientales respecto al daño que podría ocasionar la promulgación de la iniciativa a una reserva de bosques aledaña al territorio en reclamación y la violación de la reciente promulgación de la ley de “Deforestación cero”.
Pero monseñor Steckling asegura que los “hermanos campesinos beneficiarios de las tierras sabrán demostrar con su trabajo responsable que es posible producir y desarrollarse en armonía con el medio ambiente, siendo celosos custodios del cuidado de la casa común».
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, decidió aplazar la discusión y estudio del caso hasta marzo, tras el receso parlamentario.
Por su parte, el ministerio de tierras (Indert) manifestó que negociará con esas familias a fin de reducir a la mitad, unas 800 hectáreas, la adjudicación de tierras, de modo que no se viole la reciente ley de deforestación cero.
Con información de Vatican News
