El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) dio a conocer un balance sobre la situación de los servicios públicos en los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo durante el año 2024.
A lo largo de 49 ediciones publicadas, el Boletín Andino de Derechos Humanos, elaborado por el equipo de comunicaciones del ODH-ULA, registró diversas violaciones a los derechos humanos fundamentales y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en la región.
Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran las fallas en la prestación de servicios básicos como agua, electricidad, gas, aseo urbano y vialidad, lo cual afecta directamente el disfrute de derechos como la salud, la alimentación y la calidad de vida de la población.
Particularmente se destaca la falta de acceso constante al servicio de agua potable en los tres estados, con racionamientos que en algunos casos se extendieron por más de 12 días continuos.
“La falta de acceso a servicios básicos de calidad fue una de las violaciones de derechos humanos más difundidas en las ediciones de 2024 de nuestro boletín. En prácticamente todos los 49 boletines publicados este año se incluyó al menos una denuncia pública sobre fallas en la prestación de los servicios eléctricos, de agua, gas, aseo urbano o vialidad”, expone el informe.
Fallas en el sistema eléctrico
Asimismo, los constantes cortes y fluctuaciones en el suministro eléctrico pusieron en riesgo la vida de pacientes en centros de salud que carecen de plantas eléctricas o cuyo funcionamiento se deteriora por estos eventos.
En el ámbito del derecho a la salud, el ODH-ULA registró denuncias sobre la ausencia de personal médico especializado, la escasez de insumos y equipos, así como las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, que limitan el acceso de la población a servicios de salud de calidad.
La organización expuso que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1986, establece la “obligación que tienen los Estados de promover el acceso a los servicios básicos”, aspecto que se ha visto “vulnerado” en los últimos años.
Ante esta situación, el ODH-ULA hizo un llamado a las autoridades competentes a dar respuesta oportuna y efectiva a estas problemáticas, garantizando el acceso a los servicios básicos y fortaleciendo el sistema público de salud, en cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado venezolano ha suscrito.
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