Una comisión de la Asamblea Nacional se reunió el pasado sábado 7 de febrero con representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) para discutir el proyecto de Ley de Amnistía, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que plantea anular los casos de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.
Entre las ONG participantes estuvieron Provea, Justicia Venezolana, Foro Penal y Acceso a la Justicia, según reportó el Parlamento en la red social X.
Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, expresó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias que la reunión —que duró más de cuatro horas— permitió que cada organización expresara libremente sus observaciones, especialmente sobre las deficiencias del proyecto.
“El punto está en que el proyecto de ley tiene muchas deficiencias y se hizo énfasis desde las diferentes organizaciones —cada quien con su punto de vista— en que deberían hacerse cambios sustanciales para que cumpla con el objetivo que pretende (…) No puede haber reconciliación presuponiendo la culpabilidad del otro”, señaló.
No se trata de un perdón y requiere corregir vacíos
El abogado recordó que una ley de amnistía no es un perdón, sino un mecanismo para declarar que ciertos hechos no son sujetos de persecución penal.
“A un inocente no se le da perdón, se le da justicia. El perdón solo se le da a un culpable”, explicó, aclarando que la norma debería permitir la anulación de condenas, registros y antecedentes penales, incluyendo a quienes ya fueron excarcelados pero mantienen restricciones como prohibición de salida del país o medidas de presentación.
Advirtió que el proyecto presenta vacíos importantes: aunque establece como ámbito de aplicación desde 1999, varios hechos concretos ocurridos entre 2015 y 2018, así como entre mayo de 2019 y junio de 2024, no están incluidos.
“Hay un montón de hechos que ocurrieron en esos momentos que deben ser incorporados, y así se solicitó, sobre todo en los casos que están vinculados con detenidos militares”, indicó.
Proceso expedito y reparación
Otro aspecto crítico es el procedimiento para solicitar la aplicación de la ley. Según Daniels, actualmente solo el Ministerio Público o la persona afectada pueden iniciar el trámite, cuando debería ser el tribunal quien lo haga de oficio.
También sugirió que familiares, abogados y ONG puedan solicitar la aplicación de la amnistía en nombre de personas detenidas o fuera del país.
“No se le puede pedir a alguien que esté fuera que venga a Venezuela y, entonces, sea detenida, y que puedan pasar meses, incluso años, para que le apliquen la ley de amnistía. Tendría que ser un procedimiento expedito”, enfatizó.
Daniels subrayó la necesidad de cambios de fondo y medidas de reparación. “El Estado venezolano debe empezar por reconocer lo que ha hecho mal y establecer garantías para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó.
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