El Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció este miércoles 15 de diciembre a favor del reconocido abogado venezolano Allan Brewer Carías a propósito de la acusación que el Estado venezolano hizo en su contra en 2005 por supuestamente «alterar» la Constitución en los sucesos de 2002.
Esta instancia de Naciones Unidas considera que Venezuela violó el derecho del jurista a que lo juzgue un tribunal independiente y a la presunción de inocencia.
En los sucesos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue depuesto del poder, el recordado empresario Pedro Carmona Estanga le consultó a Brewer Carías la redacción de un decreto en el cual se introducían modificaciones profundas a la Constitución vigente, aspectos con los cuales el abogado dijo no estar de acuerdo.
Sin embargo, en enero de 2005, dice el documento del Comité, a Brewer Carías lo acusaron de «conspiración para alterar la Constitución por medios violentos». Esto, por su papel en la «discusión, preparación, redacción y presentación» del Decreto Carmona».
También durante el proceso penal de los meses siguientes, según Brewer Carías, todos los fiscales y jueces implicados en su caso fueron nombrados temporalmente por el Gobierno.
Además de que suspendieron a «dos jueces del Tribunal de Apelación que anularon la prohibición de viajar de otros coacusados, y otro juez que ordenó al fiscal que entregara el expediente del caso al abogado del acusado». Esto luego de sus decisiones a favor de Brewer Carías y los demás coacusados.
A cinco años de la denuncia
El reconocido catedrático salió del país en el 2006 aduciendo que no regresaría hasta tanto no existiese una justicia verdadera. En el 2016, diez años después, elevó la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, informó que «a Brewer Carías no se le concedió el derecho a que lo juzgue un tribunal independiente, en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Venezuela es parte».
Añadió que «las autoridades judiciales deben poder trabajar de manera independiente y libre de injerencias o influencias indebidas por parte de los organismos ejecutivos, lo que implica contar con estabilidad en sus cargos para el buen desempeño de sus funciones. Es de extrema importancia para el Comité que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente abarque la independencia de los fiscales».
El Comité también solicitó al Estado venezolano «declarara la nulidad del proceso penal contra Brewer Carías y que se le concediera una indemnización adecuada». Igualmente pidió que el Estado tomara medidas para evitar que se repitieran estas violaciones.
