Varios organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron sobre los alcances que hasta ahora ha mostrado la Ley de Amnistía que se aplica en Venezuela, promulgada por la AN y sancionada por el ejecutivo nacional el 19 de febrero de este año.
En sus valoraciones señalan que el novel instrumento legal es “una medida limitada, que puede generar alivios puntuales, pero que no aborda las causas estructurales de la crisis ni garantiza justicia para las víctimas”, tal cual como también ha sido denunciado por organizaciones sociales dentro de Venezuela.
¿Qué cuestionan de la ley de amnistía?
Tanto la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, por mandato de la ONU, como la organización Human Rigths Watch y el Centro Internacional de Justicia, advierten de las deficiencias que tiene la ejecución de la ley, a saber:
- No es una amnistía general, sino una medida selectiva. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió que el alcance de la ley es “arbitrariamente restrictivo”, al limitarse a determinados delitos y a una lista específica de acontecimientos. Esto implica que quedan fuera numerosas personas detenidas bajo otras figuras utilizadas para criminalizar la disidencia, lo que configura un esquema de exclusión incompatible con una amnistía amplia.
- Fue adoptada sin garantías de transparencia ni participación. Tanto la Misión como expertos de Naciones Unidas señalaron que la ley fue aprobada en un plazo acelerado, sin un proceso consultivo, transparente e inclusivo. En estándares internacionales, la legitimidad de una amnistía depende de la participación efectiva de las víctimas, lo que en este caso no ocurrió.
- No reconoce a las víctimas ni la responsabilidad del Estado. La Misión advirtió que la normativa no contempla el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos ni de la responsabilidad estatal. Tampoco establece mecanismos de investigación independientes, ni procesos de verdad, ni garantías de reparación. En consecuencia, las víctimas continúan siendo tratadas como delincuentes, sin restitución efectiva de sus derechos.
- No garantiza la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Expertos de Naciones Unidas han señalado que la ley “debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal”. Sin embargo, su diseño restrictivo deja fuera a un número significativo de personas, lo que abre la puerta a liberaciones parciales y discrecionales.
- No desmonta el aparato represivo. Human Rights Watch ha advertido que, aun cuando algunas liberaciones puedan representar un alivio, el aparato represivo del Estado permanece intacto. Esto incluye las estructuras de seguridad y el uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia, lo que mantiene el riesgo de repetición de las violaciones.
- No aborda el problema de la impunidad. Amnistía Internacional ha sido enfática en que los responsables de violaciones graves de derechos humanos no pueden beneficiarse de mecanismos que perpetúen la impunidad. Sin embargo, la ley no establece mecanismos claros para investigar ni sancionar a los responsables, lo que mantiene intacto uno de los problemas estructurales más graves.
- Se aplica en un contexto sin independencia judicial. El Centro Internacional para la Justicia Transicional ha advertido que la implementación de la ley se produce en un contexto donde no existe una transición política ni un sistema judicial independiente. Esto implica que su aplicación puede quedar sujeta a criterios discrecionales o políticos, limitando su impacto real.
Lo que también señala el OVP
También, la ONG venezolana Observatorio Venezolano de Prisiones reitera que una amnistía solo puede contribuir a una verdadera reconstrucción democrática si garantiza la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, reconoce a las víctimas de la represión y establece mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Agregan que mientras esto no ocurra, la amnistía corre el riesgo de convertirse en una medida parcial que alivia casos puntuales, pero que no transforma el sistema que permitió las violaciones de derechos humanos.
La justicia, verdad, reparación integral, devolución de bienes y garantías de no repetición siguen siendo condiciones indispensables para cualquier proceso real de convivencia democrática en Venezuela.
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