Pacientes de VIH condenados a morir

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Foto archivo: El País.

Para finales del 2018 Azul Positivo había registrado más de 9.700 zulianos en el Programa Nacional de VIH. En la actualidad, debido a la emigración y fallecimiento de muchos de ellos, la cantidad de pacientes se redujo a 5.200.  

Johan León, representante de esta organización orientada hacia la prevención del VIH/Sida, afirmó que es “bastante preocupante” la situación que se vive, tanto en el Zulia como a nivel nacional, por la escasez de los fármacos para el VIH.

Según él, el Gobierno de Nicolás Maduro “se niega” a comprar los tratamientos de los pacientes con esta enfermedad.

“Han dejado la responsabilidad en manos de organismos internacionales, que efectivamente han prestado una colaboración para tales efectos, pero no es responsabilidad de ellos: la responsabilidad es del estado venezolano”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Maduro le adjudica esta crisis a las acciones de Estados Unidos contra su Gobierno, a pesar de que las medicinas están excluidas de las sanciones. Sobre ello, León agregó que, además, “el problema viene de mucho antes de las sanciones”.

“Es una excusa bastante ridícula, adjudicarle a las sanciones a un problema que viene, fuertemente desde el 2014”, comentó.

Explicó que el Gobierno tiene la responsabilidad de distribuir el medicamento en las farmacias, pero no cumple.

El duro acceso a los medicamentos

En el Zulia solo hay una farmacia con medicinas antirretrovirales, ubicada en Maracaibo. Por lo tanto, aquellos que viven alejados de la capital tienen que movilizarse hasta ella para comprar, en las ocasiones que suele haber el medicamento.

“Imagínate venir de Santa Bárbara, del Sur del Lago, de Perijá, o la Costa Oriental, con la situación  del transporte y el acceso al efectivo para pagar el transporte público, sólo para obtener el medicamento”, expresó.

La detención temprana ayudaría

“Detectar a tiempo la enfermedad ayudaría a evitar que las personas pasen de la fase del VIH a la fase del Sida”, aclaró León. Pero para que eso pase se deben realizar una serie de pruebas, que prácticamente son inexistentes en el país desde el año 2017 y que, si se llegan a conseguir en una clínica privada, “los costos son prácticamente inaccesibles”.  

“No hay pruebas de cuarta generación, ni de Western blot, que es la prueba que confirma la enfermedad. Tampoco pruebas de carga viral que permite determinar la cantidad de virus que posee la persona en la sangre, ni pruebas de subpoblación linfocitarias para saber cómo está reaccionado el sistema inmunológico”, detalló.