El ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola, informó que tras una reunión del Consejo de Ministros, se acordó declarar el estado de emergencia en todo el país por 30 días.
Aseguró que con esta medida se dará una respuesta «contundente» a la ola de protestas violentas que ha sacudido al país en los últimos días, luego de la destitución por parte del Congreso del presidente Pedro Castillo, a quien la justicia de ese país acusó de rebelión después de que la semana pasada intentará disolver la cámara legislativa e instaurar un «gobierno de excepción».
Según la Defensoría del Pueblo, las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos ocho muertos y unos 200 heridos en una semana.
Dina Boluarte, quien fue designada como presidenta de Perú por el Congreso, dijo en un principio que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como establece la Constitución.
Sin embargo, la escalada en las protestas hicieron que Boluarte cambiara de decisión y adelantara la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y ahora a diciembre de 2023.
Expresidente de Perú responsabiliza a Boluarte de la represión
Por su parte, el expresidente Pedro Castillo responsabilizó a Boluarte de la represión estatal a los manifestantes que piden su libertad, restitución y convocatoria a una asamblea constituyente.
Castillo dijo en una carta que jamás renunciará al cargo.
En ese escrito, dado a conocer a los medios de comunicación por el abogado defensor de Castillo, el expresidente exhortó a militares y policías a suspender la represión de las manifestaciones que exigen elecciones generales y su liberación.
En la audiencia de apelación contra la detención preliminar, Castillo dijo que exhortaba «a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y que dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
