Según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) extensión Ciudad Guayana, en el estado Bolívar se identificó que niñas de entre seis y diez años están siendo forzadas a trabajos sexuales en las plazas de los pueblos mineros en el sur del país.
Eumelis Moya, abogada, Coordinadora Oficina del Centro de Derechos Humanos UCAB extensión Guayana, indicó en el programa En Este País de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que han detectado con preocupación la disminución de edades de las mujeres víctimas de explotación sexual.
“Para 2020 identificamos mujeres víctimas de explotación sexual de edades entre 12 y 13 hasta los 35 años, pero en nuestra actualización de septiembre de 2023 encontramos que ese rango de edades disminuyó. Hay niñas de 6 años que están realizando trabajos sexuales en las plazas de estos pueblos”, destacó la abogada.
Para Moya, existe una alta naturalización de estos hechos en las comunidades. “Ya hay personas que no distinguen estas situaciones como un problema, sino que son parte de su cotidianidad y consigues mamás, por ejemplo, diciéndote que ellos prefieren entregarle su hija de 11, 12 años a un hombre de 30, 40, porque este la va a cuidar en vez de que esté con un muchacho de su edad”.
Asimismo, dijo que también existe un alto estigma de las mujeres que trabajan en las minas, independientemente de que realicen o no trabajo sexual, pero también “hay un deterioro de las concepciones y de las bases familiares que han hecho que se prioricen algunos temas, por ejemplo, la alimentación”.
“Entonces, el trabajo y la explotación de niños, niñas, adolescentes en este contexto, desde la perspectiva de esas personas, se va a un segundo plano, pues lo que ven en estos chamos es una oportunidad de trabajo, un bocado adicional para la casa. Hay un deterioro en esa percepción, en las bases, en lo que fundamenta la concepción de los derechos del niño”, resaltó.
Engañados y explotados
Moya señaló que muchas de estas personas son llevadas en medio de ofertas laborales engañosas, donde les ofrecen ciertas condiciones que luego no son cumplidas.
“Condiciones que vulneran su dignidad, donde son obligadas a permanecer en estos sitios y realizar trabajos desproporcionados con duras condiciones y largas jornadas de hasta 16 horas”, manifestó.
Por otro lado, la coordinadora Oficina del Centro de Derechos Humanos UCAB explicó que el 74 % de las víctimas en estas zonas mineras son mujeres y un 26% hombres, pero hay distinción a que tipo de afectación sufren cada uno.
“Bajo el enfoque del estudio los hombres parecieran ser víctimas más recurrentes de explotación laboral que las mujeres porque las superan en número”, señaló.
Moya dijo que las mujeres que están dedicadas al trabajo doméstico como cocineras en estos campamentos mineros, están expuestas a la contaminación de los ríos, resaltando a su vez que hay una falta de higiene en las labores que realizan.
La abogada manifestó, que mientras todo esto sucede, el Estado hace caso omiso de la situación.
“No reconoce que es una realidad, y mientras no se reconozca que hay un problema, no se van a abocar a gestar soluciones y políticas públicas que reviertan esta situación”, expresó.
Andrés Cañizález es periodista y director de Medianálisis. @infocracia
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