Para Rafael Narváez, abogado y defensor de los derechos humanos, el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “es un premio a la tortura”.
Narváez afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que con la incorporación de Venezuela a dicho consejo se premia al Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) “cuando es público y notorio el caso del capitán de corbeta, Acosta Arévalo, donde se evidenció en la autopsia que tuvo 18 costillas fracturadas y antes de iniciar la audiencia de presentación, se desmayó”.
Resaltó que también se premió a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde julio de 2013, donde establece que el cuerpo de seguridad del Estado que torture, o realice trato cruel, inhumano o degradante en un sitio de retención tiene una pena de 15 a 25 años de cárcel, y que a juicio del experto, se vulneró.
El abogado destacó que con la decisión, las Naciones Unidas se burló del dolor de los familiares de las víctimas, y también citó el artículo 68 de la Carta Magna donde se prohíbe usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
El jueves 17 de octubre Venezuela logró los votos suficientes para convertirse en un estado miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022.
Los 193 miembros de la Asamblea General debían votar para elegir a los dos puestos de América Latina y el Caribe.
Los países candidatos eran Brasil, Venezuela y Costa Rica. Brasil consiguió la mayor cantidad de votos con 153, luego Venezuela, con 105 y en último lugar Costa Rica, con 96.
En septiembre de este año, la alta comisionada para el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
Bachelet denunció que la situación económica en Venezuela continúa deteriorándose rápidamente y considera que el país sudamericano pasa por “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región”.
Añadió que los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia.
En 2018, la ONU también reveló en un informe que las fuerzas de seguridad de Venezuela perpetraron ejecuciones extrajudiciales durante las supuestas operaciones de lucha contra el crimen entre 2014 y 2017.
