La Organización Foro Penal junto con la iniciativa «The Docket» (El Expediente en español) de la Fundación Clooney para la Justicia, presentaron un informe a la Corte Penal Internacional (CPI), donde mostraron pruebas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por 11 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los supuestos crímenes cometidos por los agentes de la Dgcim son torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual.
«Las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los presuntos crímenes internacionales cometidos en su país, incluyendo las graves violaciones cometidas por agentes de la Dgcim; por tanto, se deben intensificar los esfuerzos internacionales en pro de la justicia», opinó Yasmine Chubin, directora de Incidencia Legal de «The Docket».
Hablaron sobre los presuntos crímenes cometidos por la Dgcim
Una de las víctimas entrevistadas expresó «los perpetradores se creen intocables ante el Estado de Derecho venezolano. De hecho, no es sólo que lo crean, sino que son realmente intocables (…) Así que hago un llamado, como lo ha hecho todo el mundo, a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo».
Para el informe se consultaron a 50 personas, entre víctimas directas y sus familiares, así como a profesionales del derecho, periodistas y ex empleados de la Fiscalía General de la República.
Ignacio Jovtis, responsable Senior de Programas de «The Docket», expresó que estos procesos son largos y abarcan muchas víctimas.
«Ellas (las víctimas) necesitan justicia ya y en Venezuela no la pueden conseguir, la comunidad internacional tiene que empezar a mirar hacia allá para ayudar a las personas que tienen negado el acceso a la justicia», refirió Jovtis.
Solicitan reanudar investigación sobre Venezuela
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó al organismo una autorización para que su oficina reanude la investigación sobre la situación en Venezuela.
En un comunicado presentado este martes 1 de noviembre por la CPI indica que luego de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad “significativa” de información proporcionada hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, el fiscal concluyó que el aplazamiento solicitado por el gobierno venezolano en este etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación.
