La ONG de derechos humanos PROVEA confirmó a través de su cuenta en Twitter que 11 familias del conjunto residencial Los Olimpos, en Los Teques, Miranda, fueron desalojadas arbitrariamente por funcionarios de la gobernación el viernes 12 de febrero.
Recibimos denuncia de las familias que pretenden desalojar. La orden presuntamente la impartió el gobernador Héctor Rodríguez según afirman funcionarios @MirandaGob @HectoRodriguez https://t.co/mLtf2a06Fn
— PROVEA (@_Provea) February 13, 2021
La denuncia también fue seguida de un pronunciamiento por parte de la ONG Acceso a la Justicia que destaca que la acción viola viola el Decreto N° 4.279 del Ejecutivo nacional, publicado en G.O. 41.956 del 2-09-2020, que ha sido prorrogado y prohíbe el desalojo durante la pandemia de la COVID-19.
Hoy #12Febrero concluyó el procedimiento de desalojo arbitrario e inconstitucional de 11 viviendas ubicadas en el conjunto residencial Los Olimpos, sector Lagunetica (Los Teques, Estado Miranda). Se abre hilo #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 13, 2021
Según los relatos de algunos de los afectados, ese día funcionarios del instituto de la Vivienda de Miranda, Inviami llegaron a la urbanización construida bajo el programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el año 2006 con el argumento de que quien no desayunara ni almorzara ni cenara en sus respectivas casas «es porque no la necesita».
Los propietarios se defendieron al indicar que ellos cancelaron completamente las viviendas además de hacer algunos arreglos y acondicionamientos, aunque nunca recibieron sus títulos de propiedad.
Agregan que en algunos casos se les hace muy difícil subir entre semana desde Caracas u otras partes donde trabajan debido a las dificultades transporte y efectivo.
Los funcionarios del instituto regional, acompañados por efectivos del CICPC y de la GNB, alegaron que desde hace meses vienen ejecutando diversas inspecciones para verificar cuáles son las viviendas desocupadas y cuáles no.
Sin embargo, los afectados señalan que ni siquiera recibieron notificación alguna de esos procedimientos y que tampoco fueron avisados por los miembros del consejo comunal de Los Olimpos.
Luego de este intercambio de palabras los uniformados procedieron a destruir la cerradura de las 11 viviendas y sustituirlas por unas nuevas.
Una mamá contó que «las familias quedaron literalmente en la calle: no tienen adonde ir y en plena pandemia del covid-19. Hay menores de edad y adultos mayores entre los miembros de las 11 familias”.
Por su parte, un abogado que dijo defender esta causa informó que luego de un forcejeo tribunalicio logró interponer un amparo constitucional.
Relató que la juez a cargo del juzgado 8vo de lo contencioso administrativo (jueza coordinadora) se negó a recibir la solicitud de manera arbitraria por lo que me trasladé a la corte de lo contencioso administrativo donde logré que finalmente fuese recibido. Aunque no es el tribunal competente, puede decretar medidas cautelares, que a la fecha no ha ocurrido», dijo el abogado.
De acuerdo a los juristas con el hecho se están violando flagrantemente los artículos constitucionales referidos a la inviolabilidad del domicilio (artículo ), el derecho constitucional a la vivienda digna (artículo 82 ), derecho constitucional de propiedad (artículo 115 ) y derecho constitucional al debido proceso y a la defensa (artículo 49).
Hasta este domingo 14 de febrero no había habido respuesta por parte del tribunal y se presume que será el próximo jueves que pudiera reactivarse la causa debido al asueto de carnaval.
El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aún no se ha pronunciado al respecto.
Con información de El Nacional
