La ONG en derechos humanos PROVEA presentó este miércoles 15 de diciembre un estudio titulado «25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela” referente al abuso de los cuerpos de seguridad contra la población civil venezolana, fundamentalmente a través de las ejecuciones extrajudiciales.
En este repaso por un cuarto de siglo sobre el comportamiento de los cuerpos policiales y militares se destaca que desde el 2015 se institucionalizó el no retorno en materia de abusos y crímenes contra los ciudadanos.
Dicho de otro modo, y según palabras de Marino Alvarado, coordinador de investigación de la organización, que estos hechos «no son un fenómeno nuevo”, sino que se han «instalado» como accionar habitual dentro de las mal llamadas «políticas de seguridad ciudadana».
De acuerdo a los cómputos que recoge la ONG en este informe en este lapso de 25 años se refleja la comisión de 7.893 ejecuciones extrajudiciales.
Pero otro de los asuntos más graves en este tipo de hechos, manifiesta, Alvarado, es que hay una ausencia de investigación y sanción de responsables, es decir, una total impunidad, lo que favorece la repetición de los hechos.
Los activistas también denunciaron la sistemática militarización de la seguridad ciudadana por parte del gobierno central.
“Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a que se adelanten investigaciones genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y las miles de ejecuciones” Marino Alvarado #15Dic https://t.co/dLEQ1ak2Ba
— PROVEA (@_Provea) December 15, 2021
