El proyecto de “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, aprobado en primera discusión y por unanimidad este jueves 5 de febrero en la Asamblea Nacional, no debe entenderse como un perdón ni como una medida de gracia del Estado, advirtió Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, subrayando que debe formar parte de un proceso más amplio de reinstitucionalización y respeto pleno a los derechos humanos en el país.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Murillo señaló que la eventual aprobación de una ley de amnistía no puede condicionar ni sustituir la liberación plena e inmediata de las personas detenidas por motivos políticos, la cual —a su juicio— debe producirse de manera voluntaria desde el poder, como reconocimiento de que se les negó el debido proceso y se les encarceló por razones políticas.
Asimismo, sostuvo en que esta iniciativa legal no debe representar un “punto final”, sino entenderse como parte de un camino para superar el conflicto político que derivó en graves violaciones de derechos humanos, criminalización de la disidencia y judicialización de opiniones contrarias al discurso oficial.
“Es prácticamente un reconocimiento, porque si vamos a aprobar una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es porque no hemos tenido convivencia democrática, ni garantías para el pluralismo ni para el disenso”, opinó.
La reconciliación pasa por liberaciones plenas y transparencia
Murillo consideró que el país atraviesa un momento político delicado, que podría abrir una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación, siempre que se adopten medidas reales y transparentes.
Aunque reconoció que existen señales positivas, como las recientes excarcelaciones, insistió en que estas deben ser liberaciones plenas, sin expedientes judiciales activos ni conmutaciones que mantengan restricciones.
Desde Provea también expresaron preocupación por la falta de claridad sobre el contenido del proyecto, ya que hasta ahora no se ha hecho pública la exposición de motivos ni el texto aprobado en primera discusión.
Además, alertaron sobre la necesidad de definir con precisión los estándares de la ley, especialmente ante un sistema judicial que —para Murillo— ha sido dependiente de factores de poder y procesó a personas por delitos comunes bajo procedimientos irregulares.
Asimismo, enfatizó que la ley no debe atribuir culpas a sectores políticos específicos, ya que esto socavaría cualquier intento de reconciliación. Al mismo tiempo, recalcó que los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos no pueden quedar exentos de responsabilidades a través de una amnistía.
Rescatar la pluralidad democrática
El coordinador de Provea instó a derogar el Decreto de Estado de Conmoción Exterior, que suspende garantías constitucionales y limita el ejercicio de derechos civiles y políticos.
A su juicio, la reconciliación pasa por rescatar la pluralidad, garantizar la libertad de expresión sin hostigamiento y restablecer un marco institucional democrático.
Finalmente, subrayó que una ley planteada como paso hacia la reconciliación nacional debe discutirse con transparencia y amplia consulta, para que la ciudadanía pueda opinar y formular críticas.
“No hay ánimo de revancha”, aseveró, sino la exigencia de vivir con dignidad, acceso a servicios públicos, educación de calidad, trabajo y salarios dignos. “La ciudadanía lo que quiere es salir adelante bajo un esquema institucional de rescate de los valores democráticos”, sentenció.
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