La ONG Provea y la plataforma periodística Monitor de Víctimas registran que 22 personas fallecieron entre el domingo 28 de julio y el miércoles 31 de julio en eventos y movilizaciones sociales relacionadas con los comicios del 28 de julio.
Dicha cifra de fallecidos se considera la más alta registrada en un período tan breve desde 2019 en Venezuela. En comparación, durante los cinco días de protestas en febrero de 2019, Provea registró 31 asesinatos.
“Represión” y detenciones arbitrarias
De acuerdo con el boletín informativo de Provea, el lunes 29 de julio, miles de venezolanos de comunidades populares salieron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular. Estas movilizaciones sociales, caracterizadas por la masiva participación ciudadana, se vieron marcadas por una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
El boletín destacó que la respuesta del Gobierno a las manifestaciones ha sido una “represión” que ha sido “desproporcionada”, resultando en un número significativo de “detenciones arbitrarias”.
Según el Ministerio Público venezolano, hasta el miércoles 31 de julio, 1.062 personas habían sido detenidas. Sin embargo, el propio presidente Nicolás Maduro elevó esta cifra a cerca de 2.000.
El Foro Penal Venezolano, por su parte, reportó 988 detenciones con datos específicos de los detenidos y sus lugares de reclusión.
Para la oenegé, estas cifras son determinantes para hablar de un aumento exponencial en las detenciones en comparación con ciclos de protestas anteriores, como los de 2017 y 2019.
Las desapariciones forzadas también han sido una práctica común, con al menos 40 casos documentados entre el 29 de julio y el 1 de agosto. Las víctimas, en su mayoría hombres, fueron detenidas ilegalmente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) y colectivos, y mantenidas en paradero desconocido por periodos que varían entre 4 horas y un día.
Por otro lado, también Provea denunció que más de 90 personas resultaron heridas en las movilizaciones del 29 y 30 de julio. Muchas de estas heridas no fueron registradas debido a que las víctimas evitan acudir a los centros de salud por temor a represalias.
Ante los datos presentados en el boletín, a modo de conclusión y pronóstico, Provea adviertió sobre una posible escalada de represalias y “castigos ejemplarizantes” contra habitantes de zonas populares y empleados del sector público que participen en las movilizaciones sociales.
Violaciones al debido proceso
Provea ha recibido denuncias de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.
Según lo expuesto, las autoridades no permiten la asistencia de abogados privados o de ONG a los detenidos. Esta imposición violatoria del debido proceso dificulta que los detenidos tengan cómo defenderse.
Asimismo, según Provea, hay numerosos casos donde los familiares no pueden visitar a los detenidos ni entregarles alimentos o artículos necesarios.
Al igual que las autoridades han hecho audiencias de presentación ante tribunales irregulares, constituidos en los propios centros de reclusión. Estas audiencias colectivas no individualizan los delitos y emplean el mismo criterio de imputación para todos los detenidos, violando, una vez más, el derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en la Constitución venezolana en su artículo 49.
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