El 21 de abril de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una alianza militar con Venezuela para combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario justificó la medida como respuesta a la no aceptación del cese al fuego por parte del grupo insurgente y agregó que ahora la Guardia Nacional Bolivariana “está actuando aliada con el gobierno colombiano, con su Ejército, quitando un espacio que antes tenía libremente el ELN”.
El anuncio, sin embargo, no se produce en el vacío. El 10 de agosto de 2022, esto es, tan solo 3 días después de que Petro tomó posesión de la presidencia, el ministro de la defensa de Venezuela afirmó que Maduro le había dado instrucciones “para establecer sin tardanza el contacto con el ministro de Defensa de Colombia”. Y ya en noviembre de 2022 se realizó el primer encuentro entre representantes de las fuerzas armadas de ambos países, en San Antonio del Táchira.
Finalmente, el 11 de mayo de 2023, se realizó una reunión de los ministros de defensa de ambos países y de estos con Maduro. Al respecto el ministro de defensa de Venezuela dijo que “con las operaciones fronterizas vamos a liberar de terroristas, de grupos armados, en todo el territorio nacional, sean de donde sean. Ningún grupo tiene la moral, ni la autorización para permanecer en espacio soberano venezolano y van a ser combatidos con toda la fuerza”.
En 2021, el gobierno de Maduro había acuñado el término “TANCOL” para referirse a la criminalidad proveniente de Colombia. En esa época Maduro precisó que “no son ni guerrillas, ni seudoguerrillas, ni paracos, son los TANCOL, terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia”. Y esos grupos TANCOL “han venido infiltrándose en territorio venezolano”. De esta manera, se emprendía una campaña en contra de un tipo de organización delictiva de la que nadie había oído hablar y que invisibilizaba la presencia y acciones criminales de todos los demás: guerrillas, seudoguerrillas y paracos. Es por ello que no queda claro si ambos ministros tienen en mente al mismo tipo de grupos objeto de esta anunciada cooperación.
Lo cierto es que, desde que llegó Chávez al poder, se habían acabado los ataques armados de la guerrilla colombiana a puestos de las fuerzas armadas en Venezuela. Después de la firma del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, se han vuelto a producir algunas confrontaciones, aunque más esporádicas y principalmente protagonizadas por el ELN, hasta el anuncio de las disidencias de las ex FARC de volver a las armas en 2019. Otros grupos delictivos de carácter paramilitar en Colombia y megabandas del lado venezolano han comenzado a actuar en años recientes en la franja fronteriza, generando conflicto, no solo con los organismos de seguridad de ambos países, sino fuertes confrontaciones por control territorial y del negocio de tráfico y trata de personas entre ellos mismos.
Tres días después del encuentro de ministros de defensa en Caracas, el gobernador del estado fronterizo de Táchira admitió que en la frontera operan el ELN, disidencias de las ex FARC y miembros del Clan del Golfo. La declaración la realizó en el marco de un operativo conjunto de militares y policías de Venezuela, que resultó en la muerte de tres presuntos delincuentes que habrían atacado un comercio en el municipio Pedro María Ureña a comienzos de mayo.
Las declaraciones de Bernal no dejan de ser sorprendentes, pues es la primera vez que un funcionario venezolano admite la presencia de estas organizaciones, más allá de la denominación genérica de los “TANCOL”. Sin embargo, queda por verse si las operaciones para combatir la presencia de grupos armados irregulares se enfocan solo en actores de menor rango y en la frontera o si realmente habrá un plan para desarticular la presencia de todo tipo de actores armados irregulares tanto en los estados fronterizos como territorio adentro.
No es fácil entender qué ha cambiado en la lógica de pensamiento de Maduro, más allá del cambio de gobierno en Colombia para comprometerse en este aparente giro de enfoque frente a los grupos armados irregulares provenientes de Colombia. La única vez en que Maduro tomó alguna acción en contra de población colombiana fue en 2015, con la expulsión masiva de pobladores civiles colombianos y el cierre de la frontera, acción que estuvo precedida por una fuerte campaña de xenofobia impulsada desde el alto gobierno y que ocasionó serias violaciones a los derechos humanos de miles de colombianos, incluyendo refugiados a quienes se les violó al derecho de no devolución.
Se especula que Maduro ya no quiere al ELN en Venezuela, como parte de su nuevo papel en el marco del proceso de Paz Total que impulsa Petro. Pero también es cierto que el ELN sigue siendo funcional a los intereses del gobierno de Venezuela en su territorio, en áreas tales como la protección y control frente a actores indeseados en el Arco Minero del Orinoco, alianzas para la preservación de corredores fluviales para la salida de droga y la autodenominación del grupo armado como “defensores de la revolución bolivariana” en zonas donde la presencia de autoridades venezolanas es casi inexistente.
En este cambiante y aún confuso contexto, el primer reto para la comunidad internacional y para las organizaciones de la sociedad civil está en poner de relieve la necesidad de reconocer la existencia de estos grupos y de sus afectaciones a los derechos de la población que se encuentra en los territorios controlados por ellos. Un segundo reto es comenzar a incorporar el tema en las agendas de la mesa de negociación de los representantes de Maduro y la Plataforma Unitaria y en el proceso de Paz Total en Colombia, incluyendo la evaluación sobre la pertinencia de la creación de la figura de un enviado especial del secretario general de la ONU que pueda apoyar en la articulación de esfuerzos binacionales sobre estos temas.
Ligia Bolívar es activista y profesora universitaria. @ligiabolivar
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