A un mes de la tragedia por doble terremoto que afectó principalmente al estado La Guaira y zonas del centro del país, la disponibilidad de datos precisos y la activación de mecanismos jurídicos resultan fundamentales para la fase de recuperación. Así lo expuso Alí Daniels, codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, durante una entrevista concedida al programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.
El abogado señaló que el reporte sobre el impacto del suceso migró de balances frecuentes a publicaciones sintéticas en plataformas digitales e institucionales, lo cual limita la caracterización detallada de los afectados. Daniels indicó que no se dispone de cifras desagregadas por sexo, edad o ubicación exacta, así como tampoco de un registro actualizado sobre personas desaparecidas.
“La información es vital para que, a partir de un dimensionamiento de las personas que están desaparecidas, se puedan establecer políticas públicas de diferente naturaleza”, afirmó el entrevistado.
Entre las medidas que dependen de esta información, Daniels mencionó la asignación de recursos de rescate, la actuación de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la aplicación de protocolos de identificación.
Implicaciones en el ámbito patrimonial y civil
En el aspecto legal, el representante de Acceso a la Justicia explicó los procedimientos requeridos para regularizar la propiedad de bienes cuyos titulares fallecieron o no han sido localizados. De acuerdo con la legislación venezolana, el traspaso de bienes exige la presentación del acta de defunción o la ejecución del trámite judicial de presunción de muerte.
“Para este tipo de tragedias, de calamidades, donde expresamente el Código Civil habla de terremotos, ese procedimiento se abrevia y pasa a ser un procedimiento que tarda tres años en declarar la muerte presunta de alguien y además permite al juez otorgar la administración de los bienes de quien no ha aparecido a favor de sus herederos”, comentó el abogado Alí Daniels.
Daniels recomendó a la población acudir a las clínicas jurídicas gratuitas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) o la Defensoría Pública para recibir orientación en estos trámites.
Infraestructura, vivienda y protección de menores
Respecto a la reconstrucción de inmuebles dañados o destruidos, Daniels planteó la necesidad de un censo oficial para clasificar los niveles de pérdida en viviendas particulares y edificaciones multifamiliares. Mencionó que la cartera crediticia nacional actual resulta insuficiente para la magnitud de las reparaciones, por lo que sugirió considerar alianzas con organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En materia de protección a la infancia, destacó la importancia de identificar a los menores de edad que quedaron desamparados o en situación de vulnerabilidad para resguardar su identidad e integridad patrimonial. Asimismo, abordó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de radicar temporalmente las competencias de los tribunales de protección de La Guaira en la ciudad de Caracas.
“Cualquier acción que se vaya a hacer sobre un niño en La Guaira tiene que solicitarse ante los tribunales de Caracas… por eso es importante que se tenga un dimensionamiento para saber durante cuánto tiempo y cuándo se van a habilitar tribunales en La Guaira, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de trasladarse”.
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