La abogada y activista por los Derechos Humanos, Rocío San Miguel, habló con Radio Fe y Alegría Noticias sobre las contradicciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre la muerte del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.
La analista recordó que, en un primer momento, el presidente de la República había emitido un comunicado en el que señalaba que el capitán había sido presentado e imputado. Más adelante, Tarek William Saab emitió un segundo comunicado en el que señala que el fallecido estaba siendo presentado en ese momento. Por último, en el pronunciamiento emitido por el Ministerio para la Defensa el pasado 29 de junio a las 11:09 de la noche, «queda claro que no había sido presentado ante el tribunal».
San Miguel señaló que todas estas contradicciones dejan en evidencia el hecho de que Acosta no había sido imputado al momento de su muerte, por lo que murió «siendo formalmente inocente».
Calificó de «increible» la actitud del Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, de tener que esperar por el exhorto de Maduro para proceder, cuando su acción tenía que haber sido automática. Del mismo modo, destacó el silencio del Defensor del Pueblo, «no ha emitido palabra alguna en una situación que ha conmocionado al país y a la opinión pública internacional», dijo.
Sobre la detención de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por estar presuntamente implicados en la muerte del capitán, la abogada declaró que, según el abogado de la víctima, se les estaría imputando el delito de homicidio simple «para tratar de conseguir más adelante algún tipo de medida cautelar».
La activista rechazó la acción, aseverando que los detenidos deben ser procesados de acuerdo a los delitos señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, sino aquellos calificados en la Ley Contra la Tortura.
Informó que el caso ha despertado preocupación por otros militares detenidos, sobre los cuales ha llegado información de presentar signos de tortura que, sin embargo, no han sido denunciados. San Miguel opina que el silencio puede responder al temor a represalias. Entre esos funcionarios nombró a los Coroneles Francisco Torres y Miguel Castillo, General de Brigada Miguel Cisco Mora, entre otros.
«Esto es un asunto que afecta la integridad, los valores, la condición humana en su más elemental esencia», lamentó San Miguel, recordando que el estado del capitán al momento de su presentación era tan delicado, que el mismo juez militar fue incapaz de llevar a cabo el acto de presentación.
